LA HABANA, Cuba.- Cumplido el primer año del paso del huracán Irma por el centro y occidente de la isla, cientos de familias engrosan la lista de damnificados que en la provincia Mayabeque no han recibido la ayuda prometida por el gobierno para la recuperación de las afectaciones al sector residencial.
Según destaca un inspector del Instituto de la Vivienda en esa provincia, solicitando el resguardo del anonimato, tras catorce meses la ayuda estatal ha llegado a manos de unas 800 personas, de un censo de poco más de 3 mil damnificados por el huracán Irma.
La travesía del huracán Michell a principios de octubre, cercana al sur de la provincia, añadió otro centenar de damnificados, según dieron a conocer medios locales durante la visita del gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, a zonas las afectadas.
En el presente siglo los fenómenos climatológicos arrebataron o afectaron de algún modo las viviendas de más de un millón de cubanos. Tan solo el huracán Charley, en 2004, según cifras oficiales, afectó a más de 200 mil personas de las provincias Pinar del Río, Artemisa -en la nueva estructura administrativa- y La Habana.
Isidore, Ike, Gustav, Iván, Paloma, Sandy, Matthew y más reciente Irma, son otros grandes huracanes que dejaron un alto costo material para la maltrecha economía criolla.
Aunque el régimen ha reiterado que no desamparará a nadie, damnificados del huracán Andrew (1998) aún continúan envueltos por el ‘peloteo’ burocrático, a la espera de recibir los materiales de construcción prometidos.
En Mayabeque, de acuerdo con la fuente citada del Instituto de la Vivienda, los otorgamientos de materiales se realizan a casos de “derrumbes parciales de la vivienda y derrumbes totales de una sola pared de la vivienda”.
Como política, explica el inspector, las autoridades priorizan las afectaciones menores para, con pocos recursos, mejorar las estadísticas del sector residencial al tiempo que se culmina la recuperación del sector estatal.
“Alrededor del cincuenta por ciento de esos casos ya fueron atendidos. Constituyen casi tres cuartas partes de los subsidios y otros tipos de ayudas entregadas”, dijo. “El gran volumen de recursos se destinó a las empresas, sobre todo hacia el litoral norte de la provincia”.
Adolfo Rivas Leal es uno de los pocos casos de derrumbe total de la vivienda que en el municipio Jaruco recibió una ayuda consistente en bloques, cemento, áridos y cubierta de fibrocemento.
No obstante, refiere Rivas, los materiales asignados no alcanzan para edificar una casa con las mismas dimensiones de la que fue derribada por Irma. Del mismo modo, salvo los bloques y la cubierta, las cantidades que le fueron entregadas son inferiores a las aprobadas oficialmente por el gobierno.
“Los papeles indicaban una cantidad de cada material y me entregaron otra, menor. Lo que faltó para terminar la construcción tuve que resolverlo por esfuerzo propio”, comentó Rivas. “Como quiera soy de los pocos que puede decir que recibió algo, vino mucha gente a preguntar qué había hecho, porque a ellos todavía nada de nada”.
Solicitudes que ‘pican’ en terreno de nadie.
Luego de Irma, la política de respaldo a damnificados sufrió un giro con la sustitución del cincuenta por ciento de los subsidios estatales por la entrega de créditos con ‘bajas tasas de intereses’ y devoluciones en mayor cantidad de años.
Sin embargo, las autoridades bancarias establecieron reglas internas que convierten lo dispuesto en letra muerta, en gran medida ayudados por la vaga delimitación de los conceptos por los cuáles se define a qué tipo de casos corresponde ayuda crediticia o subsidiada.
Marilyn Rivero Cué, Delegada del Poder Popular en el municipio Melena del Sur, explicó que “el mecanismo de caracterización de solicitudes propicia una brecha” utilizada por las autoridades para en cada instancia reducir a discreción el otorgamiento de ayudas.
Según Rivero, con varios de sus electores entre los damnificados sin recibir asistencia, el gobierno no entrega subsidios a personas aptas para el trabajo, o con familiares cercanos en edad laboral, a pesar que los ingresos per cápita de la familia no alcancen para cubrir el salario mínimo básico de la isla para cada miembro de ese núcleo.
En la otra cara de la moneda, abundó Rivero, los requisitos bancarios para el otorgamiento de un crédito exigen que el solicitante demuestre ingresos superiores a los 600 pesos, ya sea como trabajador estatal o privado, más la rúbrica de otras dos personas con ingresos similares para que actúen como codeudores en caso de que el titular no pueda cumplir con la devolución del dinero.
“Lo que pasa es que los más afectados por este sistema son precisamente quienes más necesitan la ayuda, quienes menos recursos tienen”, destaca la delegada. Wilber Salas Regalado, damnificado del municipio Batabanó, que ahora vive en un albergue de trabajadores agrícolas, asegura que amén de lo dispuesto, no todos los aspirantes son vistos como candidatos de peso para recibir un préstamo.
“Esta es una provincia de campesinos, de gente humilde, donde de hecho no hay muchas oportunidades de trabajo. Muchos de nosotros somos jornaleros en la agricultura y no tenemos cómo lograr que el banco nos preste, lo que ganamos malamente alcanza para comer. Si no cambian las cosas nunca volveré a tener casa propia”, dijo Salas.
En el chequeo al Programa Nacional de Vivienda, realizado el pasado 28 de octubre, con la presencia del gobernante cubano, especialistas y autoridades del ramo, evaluaron a Mayabeque junto a la capital como las provincias que mayores problemas de vivienda presentan en el país.