LA HABANA, Cuba.- Con un pico sostenido de más de mil pacientes positivos diarios arrancó el mes de abril, demostrando que no han sido útiles las medidas decretadas a inicios de marzo para contener la tercera ola de contagios de COVID-19, principalmente en La Habana. Ni el toque de queda, ni la municipalización del comercio, ni las abusivas multas que en lugar de generar consciencia remueven lo peor de una ciudadanía harta de la carestía y la mala gestión gubernamental, han logrado conjurar el peligro que hasta ahora —si hemos de confiar en las cifras oficiales— ha dejado pocos fallecidos; pero ha provocado el colapso de un sistema de salud que lleva años acumulando deficiencias.
En estos momentos las autoridades de La Habana valoran la posibilidad de retomar las regulaciones aplicadas durante el primer brote, que incluirían la interrupción del transporte público urbano, el cierre de los centros laborales no imprescindibles, la reducción del horario de trabajo en la red estatal de tiendas y el inicio del toque de queda a las 7:00 p.m. Dichas medidas han sido solicitadas por un segmento importante de la población desde el pasado mes de febrero, cuando se hizo evidente la tendencia al alza en el número de casos, tanto en la capital como en provincias que parecían hallarse bajo control.
Una vez más las normas llegan tarde. Si el gobierno pudo controlar el primer brote de manera eficaz, cerrando fronteras y suspendiendo las clases ante la presión ciudadana, en esta tercera oleada es evidente que las condiciones económicas no lo han permitido. Durante los ocho meses que duró el cierre en 2020, la pesquisa activa facilitó la detección temprana de positivos y contactos sospechosos; los centros de aislamiento cumplieron su función y el control de focos y eventos epidemiológicos estuvo acompañado, en la mayoría de los casos, del apoyo comunitario al personal de la salud.
En julio de 2020 La Habana entró en la primera fase de recuperación, que muchos consideraron prematura y más generosa de lo que la prudencia aconsejaba, pues incluyó la apertura de playas, bares y centros nocturnos, donde las medidas de seguridad fueron olímpicamente ignoradas. Como consecuencia de la baja percepción de riesgo la capital tuvo un repunte de pacientes infestados que obligó a un segundo cierre durante todo el mes de septiembre, medida que asestó el golpe de gracia a muchos negocios privados y demostró que la débil economía nacional no podía continuar costeando el sistema de centros de aislamiento para los pacientes sospechosos de haber contraído la COVID-19.
Mientras el gobierno culpaba al pueblo por el rebrote, y a los coleros por la escasez de productos de primera necesidad, muchos cubanos que quedaron sin empleo, o fueron enviados a sus casas con el salario reducido al 60%, encontraron en el sistema de acaparamiento y reventa una forma de subsistir y proveer a los suyos. Ni un solo día, desde que empezó la pandemia en la Isla, las calles de La Habana han permanecido vacías. Las colas se han multiplicado en proporción al crecimiento del mercado en MLC, una actividad económica tan prioritaria para el gobierno que ha escapado a la municipalización del comercio y al desabastecimiento crónico que sufren las tiendas en moneda nacional.
Cuando reabrieron las fronteras en los meses finales del año para recibir turistas y permitir el regreso de los nacionales varados en otros países, La Habana había disminuido el número de positivos; pero muchos cubanos provenientes del exterior no cumplieron con la normativa de mantenerse aislados en su domicilio hasta conocer el resultado del segundo PCR para evitar propagar la enfermedad. Los esfuerzos de médicos y enfermeras del área de salud en el control de los viajeros se revelaron ineficaces debido a la falta de recursos y organización; pero también por la indisciplina de los recién llegados.
Mientras los turistas eran llevados a los cayos y en los aeropuertos de la Isla se aplicaba la tarifa de 30 dólares por cada examen PCR realizado, la red de tiendas en moneda nacional se quedaba vacía, desmintiendo a Alejandro Gil —ministro de economía—, quien aseguró que los establecimientos en MLC tenían como objetivo primordial recaudar fondos para sufragar la producción e importación de bienes destinados al comercio en pesos cubanos.
El año cerró con pronósticos desalentadores en el ámbito financiero y episodios de represión que acentuaron el distanciamiento entre pueblo y gobierno. No obstante, el parte de cierre del 31 de diciembre arrojó una cifra relativamente baja de casos positivos de COVID-19 a nivel nacional: 169, de los cuales 38 radicaban en La Habana.
En el primer trimestre de 2021, sin embargo, se registraron 65 128 nuevos casos, seis veces más que el total acumulado entre marzo y diciembre de 2020 (12 225). El número de fallecidos se triplicó, de 146 contabilizados hasta el 31 de diciembre, a 429 en la noche del 31 de marzo. De conjunto con la pandemia han avanzado la improductividad agrícola, la escasez y la inflación, aceleradas por la inoportuna implementación de la “Tarea Ordenamiento”.
Las medidas de rapiña que el gobierno ha adoptado en lo que va de año con el objetivo de recaudar divisas —tasa cambiaria de 1×24, mayor número de tiendas en MLC, PCR en dólares y aislamiento en instalaciones hoteleras para los viajeros que puedan pagarlo— no han sido suficientes para suplir la disminución en el envío de remesas y mercancías; así como las afectaciones en la industria turística, que en 2020 se desplomó en un 75%.
El gobierno ha evitado emprender acciones más radicales debido al impacto económico que un cierre total tendría en los hogares, pero también a la inconveniencia de limitar las operaciones de la red en MLC; no solo porque supondría una merma considerable de ingresos para la cúpula, sino porque de ahí proceden casi todos los bienes que abastecen el mercado negro, del cual viven todos los cubanos en mayor o menor medida.
Luego, no tendría sentido extremar restricciones si las tiendas en dólares continúan repletas de gente; ni exigir distanciamiento social mientras el gobierno autoriza congas ideológicas y actos de repudio contra ciudadanos que se le oponen. El régimen ha perdido el respeto del pueblo en medio de una crisis sanitaria signada, entre otras calamidades, por el sempiterno voluntarismo político y la incapacidad de producir alimentos para eliminar de raíz el principal foco de contagio: las colas.
La comida desaparece, pero no falta el ron en las tiendas y hasta se han habilitado puntos de cerveza dispensada supuestamente para llevar. La realidad es que los cubanos amenizan las colas con sendos pepinos de un bien escaso y caro, mientras el vasito plástico va de boca en boca propagando la nueva cepa sudafricana que abunda en la capital, y que según estudios de la universidad de Maryland contiene mayor cantidad de mutaciones que dificultarían su bloqueo por anticuerpos o vacunas, entre ellas la Soberana 02, otra solución tardía si se considera el incremento exponencial del contagio en una población que hace tiempo se olvidó del “Quédate en casa”.
Como rubro exportable y ardid publicitario para atraer visitantes extranjeros, la vacuna ha llegado oportunamente; pero para el sistema sanitario el retraso ha sido catastrófico. En las áreas de salud médicos y enfermeras han trabajado bajo presión extrema, imposibilitados de cumplir con la vigilancia a los sospechosos, los protocolos de vacunación y los imperativos de la vida cotidiana.
Pese al incremento de focos infecciosos en municipios densamente poblados como Habana Vieja y Centro Habana, el gobierno sigue enviando mensajes confusos a la población en tanto propone endurecer las medidas para contener la dispersión del virus, pero acondiciona tiendas para vender productos en MLC, garantizando así la afluencia constante de personas a municipios surcados por las cintas amarillas de la alerta epidemiológica.
En las actuales circunstancias aumentar las restricciones no sería de gran utilidad para frenar los contagios de COVID-19; pero el despliegue de fuerzas represivas con el pretexto de asegurar que se cumplan serviría al gobierno para lidiar con el único problema que le preocupa más que el coronavirus: una revuelta popular a gran escala.
Lo demás es el cuento de la buena pipa: una comisión de científicos encargados de comprobar —a estas alturas— cuáles son las necesidades de los productores cubanos; cuentas bancarias en divisas perdidas porque el gobierno carece de liquidez para devolver el dinero a sus legítimos dueños en otra moneda que no sea el devaluado Martí; candidatos vacunales desarrollados a costa de dejar farmacias y centros de salud desabastecidos; un paripé de Congreso para refrendar la “continuidad” del naufragio; y un pueblo dispuesto a emigrar por miles apenas se estabilice un poco la situación sanitaria.
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