LA HABANA, Cuba. – Los gobernantes cubanos son maestros en el ardid de sacar provecho de situaciones que hipotéticamente les hubiesen afectado. Por supuesto que lo más sobresaliente en este sentido es el embargo económico implantado por Estados Unidos.
Ante cualquier incumplimiento o fracaso, el castrismo aduce que el “bloqueo” de Estados Unidos es el responsable de la debacle. Por lo tanto, nunca ha admitido que el embargo se haya suavizado, y así conserva intacto su paño de lágrimas. No hay que olvidar, por ejemplo, que cuando comenzaron las ventas de alimentos de Washington a La Habana, los jerarcas del castrismo desautorizaron públicamente a un viceministro cubano que declaró que se le habían abierto brechas al bloqueo.
Por estos días, cuando las autoridades de la salud informaron de un determinado retroceso de la pandemia del coronavirus, y varias naciones anuncian una flexibilización del confinamiento de sus ciudadanos, enseguida el presidente Díaz-Canel aseveró que los cubanos no podían desmovilizarse, y que todas las medidas de aislamiento se mantendrían intactas. Entre ellas la paralización del transporte público, que mucho molesta a los ciudadanos de a pie.
Claro que la suspensión del transporte público le ha venido como anillo al dedo a las autoridades cubanas. Ellas mantienen un pequeño número de medios de transporte en circulación con el objetivo de asegurar la transportación de los trabajadores de aquellos sectores que el gobierno desea mantener en funcionamiento. Pero con la parálisis del grueso de los ómnibus, taxis y otros vehículos, el gobierno logra un ahorro sustancial de combustible. Un producto cuya carencia conduce inexorablemente al colapso económico.
Cualquiera diría que, de no ser por la necesidad de retomar en algún momento el curso escolar, los gobernantes de Cuba no tendrían prisa por restablecer el transporte público. Claro, los dirigentes tienen automóviles. La población, que se fastidie.
Otra arista relacionada con la pandemia a la que los gobernantes le han hallado un filón tiene que ver con el cierre de muchos centros de trabajo y la consiguiente declaración de interruptos a sus trabajadores. Porque, ¿de dónde provendrá la mano de obra que con urgencia se solicita para trabajar en la agricultura? Por supuesto, se piensa que sean los desdichados trabajadores que han ido a parar a sus casas bajo el supuesto propósito de protegerlos del coronavirus.
Ya Díaz-Canel declaró recientemente que la agricultura tenía que convertirse en la principal fuente de alimentación de los cubanos, y en consecuencia hacia ese sector debían ir la mayoría de las inversiones. Y, claro, también la fuerza de trabajo. Tal afirmación fue seguida de un anuncio de la segunda figura del Partido Comunista, “Machadito” Ventura, en el sentido de que en breve los gobiernos provinciales recibirán las instrucciones pertinentes para comenzar las movilizaciones masivas de trabajadores a la agricultura.
¿Y cuál ha sido hasta el momento la respuesta de los trabajadores ante el intento gubernamental de reubicar a los interruptos? De acuerdo con datos aportados por la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó, hasta la fecha había en el país 129 620 trabajadores interruptos, de los cuales solo el 29% había sido reubicado. De esos interruptos, 87 486 cobran garantía salarial, mientras que 5 101 trabajadores no cobran ninguna garantía al no aceptar la reubicación que se les ofertó.
No sería difícil imaginar que a muchos de esos que ahora el gobierno abandona a su suerte solo les ofertaron la opción de la agricultura. Una alternativa nada agradable en medio de las altas temperaturas que estamos afrontando. Ah, y que no se les ocurra vender algo para sobrevivir, porque entonces Díaz-Canel y “Machadito” los encarcelarán por realizar una actividad económica ilícita.
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