Cierra 2019 con 223 cubanos regulados por motivos políticos
La lista la encabezan activistas pro derechos humanos, artistas, periodistas, líderes religiosos y otros actores de la sociedad civil independiente
SANTIAGO, Cuba. – El año 2019 cierra con una inquietante cifra de al menos 223 ciudadanos cubanos que no pudieron salir de Cuba por motivos políticos.
El Instituto Patmos, coordinado por el pastor cubano Mario Félix Lleonart, dio a conocer este 31 de diciembre un listado de “regulados” que encabezan activistas pro derechos humanos, artistas, periodistas, líderes religiosos y otros actores de la sociedad civil independiente cubana.
El 14 de enero de 2013 entró en vigor en Cuba el Decreto Ley 302. Aunque este incluye en su artículo 25 la prohibición de salida “por motivos de interés público o de seguridad nacional”, de manera general permite a los ciudadanos cubanos viajar al exterior contando solo con pasaporte y visa.
Desde hace varios años las prohibiciones de salida del país forman parte de las políticas represivas que aplica el Partido Comunista de Cuba (PCC) contra opositores y disidentes. Sin embargo, desde finales de 2016 se han intensificado, como parte de la ola represiva que ha desatado el régimen contra sus detractores.
Entre las organizaciones que más activistas el régimen cubano ha “regulado” se encuentran el grupo Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
“La mayoría de los miembros de UNPACU que contamos con pasaporte nos encontramos impedidos de salir del país”, dijo Carlos Amel Oliva, líder juvenil del grupo opositor, a quien desde 2016 no le permiten abordar un avión.
Oliva asegura que la condición de la policía política para levantar la restricción es que cuando salga no regrese más a Cuba.
Hay quienes han sido notificados que no podrán viajar por los mismos funcionarios del aeropuerto, cuando han estado chequeando sus boletos de viaje. Otros ni siquiera han podido llegar a obtener un visado porque sus pasaportes requieren ser prorrogados y mientras aparezcan registrados en el sistema como “regulados por interés público” es imposible.
Varias han sido las quejas y denuncias que no han tenido lugar. “Nosotros presentamos una queja ante la oficina de Inmigración y Extranjería asesorados por Cubalex. Quien nos atendió fue un jefe de la Seguridad del Estado y nos dijo que no saldríamos de Cuba porque estamos bajo un proceso de investigación por supuestamente reunirnos con instituciones que atentan contra la soberanía e independencia de Cuba”, dijo a CubaNet Ernesto Oliva Torres, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide. El joven explicó que el oficial hacía referencia a instituciones que apoyan la libertad, la democracia y el estado de derecho no solo en Cuba, sino en el hemisferio y otras partes del mundo.
Un hecho que visibilizó este tema en 2019 fue la huelga de hambre que protagonizara por 55 días el activista y religioso Guillermo del Sol, exigiendo el fin de estas arbitrariedades. Durante ese tiempo, muchas fueron las organizaciones y personalidades que se pronunciaron y condenaron esta política represiva.
El régimen cubano se muestra autoritario y represivo al impedir que los que les resultan incómodos no puedan salir de su país libremente. La mayoría de estas personas son invitadas a participar en talleres de formación en temas de derechos humanos, democracia, etc. o para participar en conferencias y eventos.
Ejemplo de ello fue la restricción de salida del país a la activista Jacqueline Heredia Morales, quien pretendía asistir a un curso en Washington sobre cómo combatir la violencia de género en la isla. El caso de Carlos Amel Oliva, que debía participar en el II Foro de Jóvenes Iberoamericanos en República Dominicana. O los más de diez activistas que no pudieron acudir al evento Pasos de Cambio en Miami, donde oposición y exilio cubano firmarían el Acuerdo por la Democracia, documento que marca los pasos legales y técnicos que deben darse para el cambio de sistema en Cuba.
Por su parte, el Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina (CADAL), con sede en Argentina, inició a principios de diciembre una campaña de solidaridad democrática para denunciar las restricciones arbitrarias que impiden salir de Cuba a más de 200 activistas, periodistas independientes, artistas, y otros, que han sido víctima de esta violación a la libertad de movimiento.
“Cuba es el único país de América Latina en violar este derecho humano fundamental”, así reza un video publicado por la organización, que recita en varios idiomas el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, referente a la libertad de movimiento.
“Lo hicimos con toda intención, para darle una dimensión internacional al reclamo”, recalcó a CubaNet Gabriel Salvia, director de CADAL.
“Esta campaña tiene como objetivo demandar a la Unión Europea y otros países democráticos a suspender la cooperación nacional. Es una demostración de que el Gobierno cubano en lugar de avanzar en materia de derechos humanos, retrocede.”
Impedir salir del país se ha convertido en una de las más usadas modalidades represivas del Departamento de la Seguridad del Estado contra la disidencia interna. El término “regulado” no es más que un eufemismo con que las autoridades cubanas nombran una restricción de salida del país por el tiempo que dispongan y, en este caso, por motivos políticos.
El listado del Instituto Patmos incluye nombres de ciudadanos que ahora se encuentran tras las rejas injustamente, pero a cuya prisión antecedió el impedimento de viajar. Tales son los casos del líder de UNPACU José Daniel Ferrer García, el periodista Roberto Quiñones Haces, y el matrimonio de pastores Ramón Rigal y Ayda Espósito.
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