CIDH: “Agentes estatales son la principal fuente de agresiones contra la prensa en Cuba”

MIAMI, Estados Unidos.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde su sede en Washington, condenó la detención y sentencia a un año de prisión por los supuestos delitos de “resistencia y desobediencia” contra el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, Cuba.

En un comunicado emitido este miércoles, la CIDH manifestó su preocupación por la persistencia de la criminalización hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en la isla, y denunció que los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa, práctica que debe ser desmantelada y sancionada.

A continuación, el comunicado íntegro de la CIDH:

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la detención y sentencia a un año de prisión por los supuestos delitos de “resistencia y desobediencia” contra el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, Cuba. Asimismo, manifiesta su preocupación por la persistencia de la criminalización hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en la isla, y señala que las detenciones arbitrarias han sido utilizadas como método para la intimidación y hostigamiento de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Como la Relatoría Especial ha remarcado en su reciente Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, presentado este año por el Relator Especial Edison Lanza, en Cuba, los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa, práctica que debe ser desmantelada y sancionada. Los actos de violencia contra periodistas vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las consecuencias para la democracia, que depende de periodistas tienen un triple efecto: un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves.

El 22 de abril, el periodista Quiñones fue detenido durante cinco días, además reportan que habría sido golpeado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El hecho ocurrió mientras el periodista realizaba la cobertura de un juicio que el Estado cubano siguió contra el matrimonio Rigal – Exposito, procesados por la decisión de educar a sus hijos desde su hogar.

Esta oficina fue informada sobre una serie de procesos por los cuales Quiñones habría intentado denunciar las lesiones provocadas por los policías durante su detención. Entre ellas, organizaciones de derechos humanos reportaron contusiones, escoriaciones, heridas y la perforación de su tímpano derecho. Aun así, ni el tribunal provincial ni el municipal aceptaron las denuncias. Según información de la Fiscalía General de la República, habría sido trasladado a la Delegación del Ministerio del Interior pero Quiñones fue investigado en el mismo organismo del que forman parte sus agresores.

“No admitieron las pruebas que presenté sobre las lesiones que me provocaron con esa golpiza. Dicen que fueron lesiones autoinfligidas”, expuso Quiñones al sitio periodístico CubaNet, donde es colaborador habitual desde hace 12 años. El periodista de 62 años informó que se rehusó a pagar una multa que habría detenido su juicio alegando que implicaba admitir la responsabilidad de la acusación.

El 7 de agosto, el Tribunal Provincial de Guantánamo, notificó a Quiñones sobre la sentencia a un año de prisión por el delito de resistencia y desobediencia, el periodista adelantó que está realizando una apelación, la cual busca que el Tribunal Provincial de Guantánamo acepte las pruebas que el Tribunal Municipal habría rechazado.

Mientras el proceso de apelación continúe, Quiñones deberá permanecer en su domicilio y tiene prohibido salir de la provincia de Guantánamo o efectuar cualquier tipo de trámite migratorio.

En lo que va del 2019, esta oficina ha monitoreado el incremento de actos de intimidación y hostigamiento hacia activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes con el objetivo de que, mediante el castigo o la intimidación, se abstengan de ejercer su derecho a opinar expresarse, asociarse y reunirse pacíficamente.

En el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomendó al Estado poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de cualquier duración, y acoso a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos.

“El estado debe cesar el hostigamiento y la criminalización de la actividad periodística en Cuba y garantizar que pueda florecer un periodismo plural e independiente de los medios estatales”, dijo la comisionada y relatora de país Antonia Urrejola.

Por su parte, el relator especial Edison Lanza recordó que el marco legal existente en Cuba pone en situación de ilegalidad a los periodistas independientes por el hecho de no pertenecer a la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), y mantener una postura crítica frente al Gobierno. Con base en ello, es enfática en señalar que la represión de periodistas independientes en Cuba constituye una práctica sistemática y prolongada en el tiempo.

Asimismo, esta oficina insta al Estado de Cuba a adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las periodistas, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad. También urge a que realice investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre las agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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