GUANTÁNAMO, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro anunció públicamente al inicio de la actual legislatura que esta tendría que trabajar duro en la elaboración de numerosos instrumentos jurídicos centrados en los cambios que necesita el país. Pero a un año de nuevas elecciones nada se ha hecho.
Aunque parece que algo se mueve. Desde hace meses se están aplicando encuestas a trabajadores y estudiantes en las que se les pregunta sobre el sistema electoral, el unipartidismo y los cambios que consideran necesita el país. Resulta obvio que la dictadura no se arriesgará a convocar a un plebiscito sabiendo que puede dejarla muy mal parada ante la opinión pública internacional, si es que se realiza con transparencia y bajo control de organismos internacionales, únicas garantías de la credibilidad de su resultado.
En la cúpula gobernante es poco probable que existan muchos que deseen cambios democráticos que pueden privarlos de sus privilegios, amén del peso abrumador de un pasado marcado por la sangre y las injusticias. Quienes no forman parte de la generación histórica de la dictadura pero ocupan posiciones decisivas en ella tampoco renunciarán fácilmente a las “mieles del poder”.
Tampoco creo que favorezcan los cambios los dirigentes intermedios, quienes disfrutan de un nivel de vida que no podrían justificar jamás con sus salarios. Las acciones que estos sujetos realizan en beneficio propio, o de sus familiares y amigos a costa del erario público desangran a nuestra economía. Eso, en un país donde el salario promedio mensual no sobrepasa los quinientos pesos, es escandaloso. ¡Qué decir de lo que le cuestan al país las vacas sagradas con sus terneritos y privilegios!
De los burócratas del partido, una fuerza conservadora por naturaleza, tampoco debe esperarse nada.
Por supuesto que no apoyarán los cambios los altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), ni muchos de los policías, segurosos y chivatos del MININT, porque una sociedad democrática y fuertemente institucionalizada no les permitirá las transgresiones constantes que hoy hacen a la ley.
Tampoco los apoyarán los intelectuales aupados por los medios y que se han hecho cómplices de las masivas y reiteradas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Cuba desde 1959.
Es poco probable que los cambios interesen a los campesinos más pudientes, quienes llevan muchísimos años recibiendo grandes beneficios económicos por su contubernio con funcionarios corruptos o por la incapacidad del estado para alimentar al pueblo, lo que favorece los altísimos precios de sus productos. Son ellos, junto con los transportistas privados, quienes más se han empoderado económicamente después de los mandantes. Ya hay decenas de miles con abultadas cuentas en el banco y con fincas que ni siquiera trabajan, pues tienen dinero suficiente para pagar a jornaleros y mantener un sólido parque de maquinaria agrícola. Muchos tienen varios autos, casas en el campo, la ciudad y la playa, viajan al extranjero y se hospedan en los mejores hoteles cubanos, mientras sus “hermanos proletarios” dependen de un mísero salario que muchas veces no les permite comprar sus productos debido a sus precios.
Rechazará los cambios quien asiste diariamente al trabajo sin más motivación que perder el tiempo a cambio de un salario simbólico, pero que en la mayoría de los casos devenga sin esfuerzo alguno. No olvidemos que las zonas de confort son el principal obstáculo a la liberación de nuestras potencialidades.
Tampoco querrán los cambios quienes conforman las hordas vulgares afiliadas al reguetón y las conductas antisociales, esos que se pasan el día tratando de imponer su incultura a cómo sea. Dinero no les falta y a la policía no les preocupa de dónde lo sacan. ¿En qué otro lugar del mundo se les permitiría bloquear una acera con una mesa para jugar dominó, beber ron, escuchar pésima música a todo volumen, permanecer con el torso desnudo y gritar obscenidades en plena vía pública?
Particulares con negocios como el transporte privado, la construcción, los alquileres, restaurantes, cafeterías, bares y servicios de reparación de telefonía y computadoras reciben muchos beneficios. De ellos quizás sólo apoyen los cambios quienes tienen familias sólidamente establecidas en el extranjero, por lo que significaría tener más capital para expandir sus negocios. Pero todavía hay limitaciones jurídicas aquí, donde los lineamientos económicos del partido único expresan que no se permitirá la concentración de la riqueza en manos privadas. También existen regulaciones jurídicas en EE.UU. que impiden la inversión en Cuba y allí está el grueso de la emigración cubana. Los que no cuenten con tal posibilidad quizás no apoyen la entrada al país de inversionistas sagaces que se convertirían en fuertes competidores. No hay que olvidar que muchos de estos aprendices de capitalista fueron altos oficiales de las FAR y el MININT.
Quienes se autocalifican como revolucionarios y mantienen el poder desde 1959 han jugado el rol más conservador que recuerde nuestra historia. Y apena, porque tanta demora en “cambiar todo lo que debe ser cambiado” no es prudencia sino contumacia.
¿Entonces, quienes quieren los cambios en Cuba? Pues la mayoría del pueblo, la masa que se levanta sin posibilidad de desayuno ni transporte cómodo para ir al trabajo o viajar a otra provincia, que malvive con un salario miserable y más de quince días al mes se acuesta con apenas una mala comida diaria. La que ve como las prostitutas, los ladrones y los nuevos ricos gastan decenas de dólares en cerveza mientras ella no puede comprar una bolsa de leche para sus hijos mayores de siete años. La que se hacina en inmuebles deteriorados con varias generaciones de familiares y rumia allí su frustración pero no se atreve a romper la práctica pavloviana en que la ha sumido la dictadura. Es una fuerza dormida, pero de incalculable poder.
