GUANTÁNAMO, Cuba.- Recientemente la prensa oficialista cubana informó que el Capitolio de La Habana ya es la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aunque los trabajos de restauración terminarán en el 2019, cuando se cumpla el medio milenio de la otrora villa de San Cristóbal.
El cambio no es fortuito y ocurre en un momento histórico transicional, cuando el castrismo hace esfuerzos por exportar la imagen de un país en cambio. Y es cierto, Cuba cambia, aunque los cambios apuntan únicamente a fortalecer el control estatal sobre la economía y el empoderamiento de la élite y no a introducir en la legislación cubana derechos humanos, civiles, sociales y políticos a todos los cubanos.
Cuando el General de Ejército Raúl Castro Ruz inauguró el actual período legislativo de la ANPP, expresó que a esta legislatura le correspondería trabajar activamente en la elaboración de varias leyes modificativas de la Constitución, el sistema electoral, el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Era de esperar que se encargaría también de atemperar la legislación cubana a importantes instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el gobierno cubano desde hace más de una década, pero a dos años de concluir su actividad nada se ha informado al respecto.
Cuba es, al menos teóricamente, una república. Pero desde 1959 hasta hoy el gobierno no reconoce los derechos de la oposición política. Estando signada por una dictadura unipartidista, en la sociedad cubana no existe la libertad de asociación, de reunión, de expresión, ni el legítimo derecho de los ciudadanos a conformar independientemente del gobierno una sociedad civil que tenga la posibilidad de expresar públicamente sus puntos de vista sin ser reprimida por ello. Cuba es una república carente de democracia, así que de república sólo tiene el nombre.
El Presidente del Consejo de Estado, sus miembros, así como los diputados de la ANPP, no son electos directa y libremente por el pueblo. Quien presencie los debates de la ANPP comprobará que el Consejo de Estado se sitúa al mismo nivel que el Presidente del máximo órgano de gobierno del país, que según la Constitución representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Esto, unido al hecho de que jamás ningún diputado ha emplazado al gobierno por sus errores o incumplimientos de planes y mucho menos ha cuestionado al primer magistrado, quien es el que dice siempre la última palabra, deja mucho que desear.
En Cuba el poder ejecutivo mantiene aherrojado al judicial y al legislativo, así que trasladar la sede de la ANPP es un acto intrascendente, aunque no exento de intención propagandística en medio de un contexto latinoamericano y mundial que quizás se vuelva menos condescendiente con la dictadura más longeva del hemisferio occidental.
La nueva ofensiva de los diputados
En un país donde la mayor parte de la juventud desea emigrar, donde decrece la filiación a los sindicatos oficialistas y el deseo de pertenecer a la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) o el Partido, es obvio que los diputados estén redimensionando su trabajo ideológico.
El pasado 27 de enero fue inaugurada en el Capitolio un Aula Parlamentaria con el objetivo de “aumentar la cultura jurídica y el conocimiento político del país” de los vecinos que residen en zonas cercanas a la edificación, según informó Granma el pasado 28 de enero. Pero, ¿de qué servirá enseñar los fundamentos jurídicos de un país donde no se respeta la Constitución?
El mismo 28 de enero Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, informó de un encuentro de algunos diputados con estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin.
Otro encuentro fue realizado con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Según el noticiero de la TV un estudiante solicitó respeto para la Constitución, mientras que en el Juventud Rebelde del 26 de enero trascendió el reclamo de que la ANPP debe ser más activa.
En el boletín de noticias de Cubadebate del día 25 de enero constan las opiniones de los foristas sobre el cantinfleo de los diputados, específicamente de Lázaro Barredo Medina. Barredo afirmó que “el primer problema que tiene el sistema político cubano es la falta de cultura jurídica de la población”. Según él la ineficacia del sistema se debe a la ignorancia del pueblo. No en balde varios foristas se refirieron con indignación al asunto, aunque a ello me referiré en otro momento.
En medio de tales acciones propagandísticas de un sistema de gobierno cada vez menos creíble, el propio Granma informó el pasado viernes 27 que Roberto Armas López, jefe del área de Información y Análisis de la ANPP, dio a conocer que durante los dos meses del último período de rendición de cuentas de los delegados a los electores, que finalizó el pasado mes de diciembre, el nivel de solución a los problemas fue menor con respecto al anterior proceso y esta vez representó sólo el 15.3 %, aunque omitió referirse a la asistencia a dichas asambleas, que generalmente se realizan sin el quórum exigido.
Mientras los diputados continúen más preocupados por no desentonar en una asamblea monocorde nada cambiará. Sabiendo que si lo hacen durarán allí lo que un dulce ante un colegio, las esperanzas no son las mejores y los cambios seguirán siendo formales, al menos mientras tengamos una asamblea que no es nacional ni popular y que mucho menos tiene poder para convertir en ley la voluntad ciudadana.
