LA HABANA, Cuba. – Al leer el proyecto de Constitución que será sometido a votación el 24 de febrero, de pronto me impactó el artículo 4: “La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.
“La traición a la patria es el más grave de los crímenes, y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.”
“El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable.”
“Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido en esta Constitución.”
Aprobar un artículo semejante (sobre todo redactado tan ambiguamente) equivaldría a autorizar a cualquiera a atacarnos por expresar nuestra opinión prodemocrática y contraria al régimen. Cualquiera podría agredirnos amparado en la ley. Estaríamos legalizando el crimen y la violencia entre cubanos, amén de acentuar la división de nuestra sociedad.
Inmediatamente vinieron a mi memoria varios de los episodios más lamentables de la historia cubana posterior a 1959. Recordé los masivos y arbitrarios fusilamientos sin juicio o con juicios amañados de los años sesentas, y los actos de repudio de los años 80 promovidos por los CDR, la FMC, la CTC y otras organizaciones políticas y de masas —que no sociedad civil— durante el éxodo de Mariel tras los sucesos de la embajada del Perú. En aquellas ocasiones no era necesario probarles a las víctimas su disensión, homosexualidad, prostitución, proxenetismo ni intención de emigrar. Bastaba la acusación no demostrada de cualquier vecino o colega ambicioso o envidioso para terminar fusilado, encarcelado indefinidamente, apedreado y vejado públicamente o al menos con la fachada manchada de huevazos.
Recordé asimismo las revueltas de los noventas durante el éxodo masivo de los balseros, a comienzos del período especial. Según múltiples testigos, en aquella ocasión las turbas represoras, supuestamente civiles y espontáneas, llevaban la misma ropa (las camisetas del contingente Blas Roca) y las mismas cabillas.
El régimen dictatorial siempre se ha equiparado a la patria, y en este caso equipara el “sí” a la dignidad, al patriotismo, y otros valores. De cara a un referendo popular es habitual hacer campaña, pero esta debe ser honesta. En el caso particular de Cuba, cualquier campaña gubernamental es de hecho deshonesta, pues el gobierno ejerce el control absoluto sobre los medios de comunicación. En adición, se ha descubierto que ETECSA bloquea mensajes con textos alusivos a votar “No”. Además de la fuerte campaña por el “sí”, incluso el discurso oficial lo da por hecho (“cuando aprobemos”, “cuando el pueblo acuda a votar ‘sí’”, “el nuevo proyecto que será aprobado el 24 de febrero”, “el referendo para aprobar la nueva Constitución”, etc.). En el propio título del tabloide (“Constitución de la República de Cuba”, en lugar de “Proyecto de Constitución…”) se evidencia que la propaganda está concebida de tal manera que muchos no se dan cuenta de que el “No” es una opción.
Esto crea en los ciudadanos una sensación de indefensión, de que el resultado está ya decidido y no servirá de nada oponerse. Una parte de esos desencantados piensan abstenerse, ya sea no presentarse a las urnas o entregar la boleta en blanco, porque “el gobierno de todas maneras va a declarar aprobada la nueva Constitución”. Opinan que la dictadura siempre se saldrá con la suya, que “aquí nada va a cambiar”, que no se puede hacer nada para revertir nuestra situación. Otros, por ese mismo motivo, piensan ir a votar “sí”, pero no por convicción, sino por miedo. El gobierno ha magnificado hasta tal punto su capacidad de vigilancia y espionaje, que muchos se lo han creído y piensan que las boletas están marcadas o que hay cámaras ocultas en la cabina de votación. En uno y otro grupo hay también quienes no están interesados en expresar su opinión, sino en pasar desapercibidos hasta lograr la ansiada oportunidad de irse.
Es importante no confundir el referendo con las falsas elecciones. Si bien cada cuatro años es acertado no acudir a las urnas, en el caso de este referendo la abstención es peligrosa, pues sería como firmarle un cheque en blanco a un estafador inescrupuloso. Si regalamos el derecho a expresar nuestra opinión estaríamos dando consentimiento a la represión, dándole luz verde al régimen para agredirnos. Y es que con el artículo 4 se crean las condiciones para que las bandas paramilitares (representativas de lo peor de la sociedad) asesinen impunemente a opositores pacíficos y a cualquier ciudadano digno que no se quede callado.
