LA HABANA, Cuba.- Por estos días es intensa la campaña que emprende el oficialismo contra los que denomina coleros, acaparadores y revendedores. En el caso de estos últimos, se trata de aquellas personas que por lo general adquieren los artículos de primera necesidad en las propias tiendas estatales, y después los venden a precios superiores a los que fija el gobierno.
Las autoridades aducen que el pueblo trabajador no puede acceder a los precios “abusivos” que piden los revendedores por sus mercancías. Sin embargo, esa supuesta actitud protectora queda en entredicho con la apertura de establecimientos que ofertan productos de mayor calidad en moneda libremente convertible, a la que no tienen acceso buena parte de los ciudadanos de a pie.
Entonces todo indica que los gobernantes se rigen por la siguiente máxima: cualquier cosa que se haga por los canales gubernamentales es correcta; por el contrario, si se realiza por vías independientes se convierte en una ilegalidad y debe ser castigada.
Lo anterior se constata, por ejemplo, en las acciones policiales que a diario muestran los medios de difusión contra los ciudadanos que poseen niveles de inventario de mercancías superiores a los admitidos por las autoridades, y comercializan esos productos por su cuenta, o como se le dice aquí: por la izquierda. En cambio, si otro ciudadano ostenta un nivel de inventario similar, pero comercializa su mercancía mediante entidades gubernamentales —como la Empresa de Acopio, si se trata de renglones de la agricultura— recibe el visto bueno de los gobernantes,
Un razonamiento parecido podemos aplicar a lo relacionado con las exclusiones. Si la exclusión en el consumo se debe a los precios que fijan los revendedores, la propaganda oficialista censura el hecho en duros términos. Mas, si la exclusión obedece a que las personas no tengan dólares para comprar en las tiendas especiales habilitadas por el gobierno, entonces esa propaganda la califica como una estrategia acertada para enfrentar la delicada situación económica que experimenta el país.
En última instancia las autoridades se niegan a admitir que los precios de los revendedores no son fijados tan arbitrariamente, sino que son los que indica el mercado ante una oferta tan exigua como la que exhiben los establecimientos estatales. Y si esos precios se mantienen en esos niveles es porque encuentran compradores. Es decir, personas que no tienen dólares para acudir a las tiendas especiales, pero sí la suficiente cantidad de CUC o CUP que los libren de las infernales colas en las que los gobernantes desean ver a todos sus súbditos.
Por otra parte, resulta contraproducente la existencia de un discurso oficialista que apuesta por métodos indirectos o económicos en la conducción de la economía, y ahora aparecerse con la aplicación de mecanismos tan directos o administrativos como la imposición de multas o penas de cárcel a los revendedores. No se está reprimiendo solo a estos últimos, sino también al mercado, con espacio reconocido en documentos rectores como la Constitución de la República o la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
Por último, es lamentable observar cómo algunos ciudadanos se prestan a la malsana estrategia castrista de echar a pelear a unos cubanos contra otros, y han aceptado formar parte de los destacamentos progubernamentales para enfrentar a los revendedores. Es la misma estrategia que animó los mítines de repudio contra los emigrantes por el Mariel en 1980, y que pretendió poner en práctica Fidel Castro durante el Maleconazo en 1994. En esa ocasión Castro lamentó que fuese en agosto y los estudiantes universitarios estuviesen de vacaciones, de lo contrario hubiera ordenado que estos la emprendieran contra el pueblo que se manifestaba en las calles.
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