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Sábado, 24 de febrero 2018

La libertad de prensa y sus retos en el 2018

Su situación mundial manifiesta un serio y continuo deterioro

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(Foto: laopcion.com.mx)

MIAMI, Estados Unidos.- Al terminar el año 2017 la situación de la libertad de prensa en el mundo reflejaba un serio y continuo deterioro. Lo confirmaban las noticias y los informes de organizaciones que enfocan su trabajo en este delicado sector. Reporteros sin Fronteras (RSF) constataba el deterioro global de las condiciones para ejercer el periodismo con 54 informadores asesinados, casi el mismo número desaparecidos y 336 encarcelados. Por su parte la Comisión para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York denunciaba que 262 corresponsales de diferentes naciones se hallaban en prisión por su labor. Una cifra que superaba el record de año que cerraba muy por encima de la existente a principios de los 90, cuando la organización comenzó a llevar record de estos datos.

Los mecanismos represivos se repiten coincidiendo en las formas, sin distinciones ideológicas de los gobiernos que aplican los controles y castigos. Crisis políticas, presuntas acciones golpistas, revoluciones, actos contra la seguridad del Estado, terrorismo, señalamientos de falsedad en las noticias, conspiraciones con agentes extranjeros, revelación de datos sensibles para la estabilidad nacional y un largo etcétera conforman las principales justificaciones utilizadas contra medios e informadores. Turquía, China y Egipto encabezaban por ese orden la lista represiva, donde a membresías perseverantes del autoritarismo se integran democracias y países en conflictos. Venezuela, Cuba Rusia, Filipinas, Arabia Saudita, Irán, México, Guatemala, Honduras son los ejemplos más citados.

El caso cubano, señalado por RSF como el más hostil a la libertad de expresión en el continente americano, sigue ocupando el foco internacional. El lugar casi sotanero en que la organización le ubica en un ranking por naciones (173 de 180), se basa en control absoluto sobre los informadores de la isla, detenciones abusivas, arrestos, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de material y cierre de sitios web, entre otras denuncias. Una realidad que fue corroborada en Ginebra el pasado 29 de noviembre. Entre el nutrido grupo de oenegés invitadas al evento celebrado el Palacio de las Naciones en esa ciudad, se encontraba una representación de la APLP (Asociación Pro Libertad de Prensa). José Antonio Fornaris y Odalina Guerrero Lara, presidente y asesora jurídica de la organización respectivamente, presentaron un informe con vistas al próximo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos a celebrarse en mayo del 2018, en el que la delegación oficial de Cuba debe rendir un informe sobre esa materia.

José Antonio Fornaris tuvo apenas dos minutos para esbozar la situación de la prensa independiente en la Isla. En una sesión dedicada a las minorías y a los jóvenes, el ponente destacó el control gubernamental que existe sobre las organizaciones nobeles de comunicadores que han surgido en Cuba. Mencionó el caso de la estudiante de periodismo Karla Pérez, expulsada de la universidad por haber colaborado con la página digital de Somos + y del arresto a que fuera sometido el presidente de ese medio informal tras el allanamiento de su casa y confiscación de todos los implementos de trabajo. Hechos que precedieron la salida el periodista al exilio. Las palabras de Fornaris fueron rebatidas por el representante de la delegación gubernamental cubana, quien solo pudo acudir a los acostumbrados adjetivos descalificadores, pero sin aportar argumentos que sirvieran para desmentir al orador no oficialista en el foro.

Las cosas no quedaron en el salón ginebrino. Tras su regreso a la Isla ocurrieron las citaciones de oficio. Amarilis Cortina Rey, Manuel Morejón, Miriam Herrera Calvo y la abogada Odalina Guerrero Lara, fueron “entrevistados” por agentes de la policía política quienes censuraron la labor comunicativa de APLP en el órgano internacional de derechos humanos, así como la presencia en el evento de la abogada Guerrero Lara, a quien el agente le anunció que su título serían invalidado, amén de las amenazas que iban desde el encarcelamiento hasta una preocupante advertencia con ser desaparecida. Una reacción entre defensiva y agresiva que no tendría razones si se toma en cuenta las recomendaciones que traslada al organismo de la ONU el documento presentado por la asociación independiente cubana: iniciativa de una enmienda constitucional en el Parlamento sobre la libertad de opinión y prensa, armonizando la ley internacional con la ley fundamental, y la ratificación por parte del Gobierno cubano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos. Dos puntos que en esencia, más que una amenaza, pueden verse como claves para revertir hacia un cambio positivo la situación actual.

Pero si la situación del periodismo independiente cubano ocupa la atención de organizaciones que observan el cumplimiento de las libertades de expresión, es de orden recordar que la hostilidad resulta igual o más preocupante en otras zonas de la región latinoamericana, donde las cosas pintan peor. México, se mantiene como ejemplo crítico por sus 87 mil personas muertas en seis años —36 de ellas periodistas— y las llamadas zonas de silencio extendiendo su dominio hasta el punto en que se hace imposible cualquier labor periodística. Sin dejar de mencionar el deterioro del papel del periodismo en la era del nuevo presidente norteamericano Donald Trump y los frecuentes episodios que denotan la mala relación que mantiene el mandatario norteamericano con la mayoría de los medios en el país, sobre todo si estos son críticos con su persona. Sus señalamientos sobre los periodistas afirmando que están “entre los seres humanos más deshonestos de la tierra” o acusando a los medios de ser “el enemigo del pueblo estadounidense” se complementa con los espaldarazos de Trump a regímenes como el de Erdogan o su silencio tácito hacia China cuando de este asunto se trata. Hechos que han provocado censuras tan contundentes como la John McCain alertando sobre el peligro que entraña esta polémica constante del presidente con los medios de comunicación. “Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y muchas veces adversaria. Y sin ella, me temo que con el tiempo perderíamos tanto de nuestras libertades individuales. Así es como empiezan los dictadores”. Conclusión certera del senador republicano que además señaló lo negativo de esta actitud en el reforzamiento de las posiciones de los autoritarismos de turno hacia las libertades de expresión.

No son pocos los retos que se presentan ante los informadores en este 2018. Tampoco son fáciles. Resulta oportuna la definición que diera Jorge Ramos, ganador del Reconocimiento del Premio Gabo el pasado septiembre en Medellín, cuando el comunicador puso énfasis en la importancia de la labor del periodista que ha de “cuestionar a los que tienen el poder, obligarlos a que rindan cuentas, ponerlos contra la pared”. Obligación y compromiso de los medios y quienes trabajan en ellos de confrontar a quienes esgrimen argumentos sexistas, xenófobos, racistas o coercitivos contra la libertad de expresión en cualquier parte del mundo.

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