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Martes, 28 de marzo 2017

Guadalupe, el simbolismo de un nombre para los deportados en la era Trump

El presidente de Estados Unidos debería mirar el ejemplo de sus antepasados

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Manifestación de inmigrantes en la ciudad de New York, EEUU (Getty Images)

MIAMI, Estados Unidos.- Recién llegado a tierras norteamericanas en 2005, me tocó vivir aquellas jornadas de marchas pidiendo la legalización de doce millones de inmigrantes. También la de decenas de jornaleros, copando las esquinas en espera de que alguien les propusiera trabajos eventuales, mal pagados de acuerdo a la coyuntura irregular de quienes se ofrecían, pero bien recibidos porque al menos significaban ganarse el pan del día. Una espera tensa porque no pocas veces resultaba frustrada por los agentes de inmigración.

Desde entonces este problema se mantiene vigente y casi nada se ha podido resolver. A Obama sus críticos le señalan lo poco que hizo para solucionarlo durante su administración, durante la que se incrementó el número de deportaciones. Las prioridades entonces eran personas indocumentadas que habían cometido delitos graves y algunos menores en relación con grupos criminales. Preferencias que cambiaron con la llegada del presidente Trump, para quien la primacía es deportar a todos los indocumentados que hayan sido acusados o condenados por cualquier delito.

Es lo que ocurrió con dos de los primeros nombres que saltaron a las noticias con la aplicación de las medidas implementadas por la nueva presidencia nada más iniciar su ejercicio. Dos nacionales mexicanos, mujer y hombre, identificados ambos con el nombre común de Guadalupe, enfrentaron las nuevas prácticas que llevaron a la señora Guadalupe García Rayos hacia un calvario de separaciones y desarraigos tras 21 años trabajando en Estados Unidos. Un camino definitivo para Guadalupe Olivas, quien determinó acabar con su vida tras ser deportado.

Comienza así una nueva etapa de inseguridades y aflicciones para una mayoría que solo busca nuevas oportunidades de trabajar, ganar un salario digno junto a la posibilidad de ayudar a sus familias empobrecidas en sus países de origen, y lo que va siendo el reclamo cada vez más extendido de al menos poder vivir con paz y seguridades mínimas. Todo ello no pocas veces a costa de soportar abusos y actos discriminatorios. Para ilustrar guardo una anécdota relativa a un grupo de cosecheros en Mississippi contratados para recolectar calabacines por 8 dólares la hora. Jornal que quedó reducido a la mitad al término de la fatigosa labor. El estatus migratorio de los trabajadores fue el aspecto aprovechado por el injusto contratista, quien simplemente les dio a escoger entre aquel pago miserable o la denuncia a las autoridades migratorias.

La retórica que se usa contra la inmigración es su rostro delictivo, tomando como base el impacto de hechos innegables de violencia, crimen y narcotráfico en el que se involucran muchos miembros de ese grupo humano. La presencia de algunas víctimas, escogidas para asistir al discurso de Donald Trump ante el Senado y la Cámara el pasado 28 de febrero, constituyó una manera de justificar la política de la nueva administración sobre el fortalecimiento de fronteras y la protección de Estados Unidos.

Pero si por una parte es cierta la incidencia del delito entre los inmigrantes, cosa que no es nueva y que ha estado siempre presente en la historia de estos movimientos humanos (por citar en los orígenes de Nueva York las pandillas irlandesas o el Chicago de la mafia italiana), no es justo endosar la máscara patibularia a todos los que buscan mejor vida y seguridades que no encuentran en sus países, por ilegal que pueda ser su acceso al territorio.

En las crónicas noticiosas de estos últimos tiempos existen amplias evidencias de que la violencia homicida no siempre ha salido de armas ilegales. Muchas muertes han sido producidas por personas nacidas en Estados Unidos o nacionalizadas tras cumplir todos los requisitos. No pocos han ingresado de manera legal, con visas regulares de diferentes tipos o portando pasaportes que llevan la confiabilidad que otorgan naciones aliadas o amigas.

El más reciente de estos hechos habla del asesinato cometido en Kansas por un norteamericano que baleó inmisericordemente a tres personas, una de ellas herida de manera mortal en el incidente. La razón simple para apretar el gatillo fue la apariencia musulmana de los agredidos. “¿Tienen Ustedes permiso para estar en mi país?”, fue la interrogante que precedió a los disparos que acabaron con la vida del ciudadano indio Srinivas Kuchibhotla, de religión hindú, quien se hallaba legalmente en Estados Unidos para realizar estudios en una universidad de Texas. La pregunta lanzada por el victimario deja una sombra preocupante cuando un ciudadano común se abroga el derecho de instituirse en funcionario de inmigración y para colmo toma la decisión sumaria sin atenerse a consecuencias.

Este episodio evidencia otra cuestión relacionada con los asuntos migratorios y que se enfoca en la peligrosidad que representan determinadas nacionalidades o la pertenencia a un grupo religioso específico. La suspicacia y el miedo dan pábulo a sentimientos xenofóbicos y racistas que hacen ver en cualquier rostro o color de piel “extraños” la forma del enemigo al que hay que deportar o liquidar si se cree pertinente.

Por eso resulta tan polémica como incomprensible la declaración sobre personas procedentes de siete naciones específicas dando por supuesto que ellas, solo en virtud de su procedencia, suponen una amenaza potencial de amenaza terrorista. La lista, de la que ha sido excluido Irak en la recomposición hecha tras el rechazo provocado por la primera versión de la medida, conserva a Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. Si por un lado es cierto que el clima de violencia en esas naciones es ideal para el anidamiento de radicalismos, tampoco ello implica que el estigma pueda ser aplicado a todos los que huyen de las guerras, hambrunas, persecuciones religiosa o étnica y el estado de terror sembrado por el fundamentalismo en esas naciones. Incluso resulta injusta la exclusión de otros estados donde los extremistas afincan sus bases.

Un reporte del Departamento de Seguridad Nacional encontró insuficiente este tipo de distinción sobre el terrorismo y la manera de evitar sus actos en territorio norteamericano. Según el reporte entre 82 personas señaladas por estos delitos desde el 2011, más de la mitad eran ciudadanos estadounidenses por nacimiento. El resto provenía de alguno de los países señalados y de otros como Bangladesh, Etiopía, Uzbekistán o Cuba, en relación esta última inclusión con el caso de un joven residente en Cayo Hueso acusado de planificar atentados en el sur de la Florida.

En el libro Bin Laden, el hombre que declaró la guerra a Estados Unidos, Yossef Bodansky ofrece datos que refrendan la inconveniencia señalada en el informe de seguridad. Sobre la organización de las redes del terrorismo el autor señala en un párrafo que en 1998 para enviar reclutas desde y hacia África, Medio Oriente, los Balcanes y Europa Occidental, fueron adquiridos “numerosos pasaportes genuinos y otros documentos de viaje en ciudades de Europa Occidental y se les introdujo clandestinamente en Pakistán y Afganistán para ser usados por los terroristas”.

La historia personal de Donald Trump arroja un dato curioso que el presidente debería tener presente a la hora de valorar el drama que significa emigrar huyendo de la pobreza, o de la obligación de servir de carne de cañón en guerras sin sentido, o como víctimas en situaciones de inseguridad social. Su abuelo, Friedrich Trump, emigró a Estados Unidos cuando la legalidad migratoria no era tema de campaña electoral. Lo hizo buscando oportunidades con la fiebre del oro. Pero también evitando pasar el servicio militar en su natal Kallstadt, en Alemania.

Pudiera ser el espejo donde se reflejen millones de personas como los casos de estas y estos Guadalupes, cuyas historias bastarían para llenar páginas sobre las verdaderas odiseas por las que pasan los que sufren esas realidades.

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