BORDEAUX, Francia.- Ya van siendo demasiado numerosas las proposiciones de ley imaginadas en España para enmendar las injusticias que generó la disposición adicional Ley 52, del 26 de diciembre del 2007, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, conocida como Ley de Memoria Histórica.
Los cubanos conocen a la perfección uno de sus articulados que se hizo célebre en la isla con el sobrenombre de “Ley de Nietos”; pero lo que no consiguen explicarse son las razones por la cuales, estas iniciativas –lo mismo parlamentarias que senatoriales–, se siguen como las olas del mar sin que, curiosamente, alguna se concrete. La última de la actual legislatura, fue presentada por el grupo confederal Unidos Podemos en el Congreso hace ya un año, y todavía la distinguida ‘manada’ de Pablo Iglesias no ha encontrado el tiempo de someterla a la consideración de sus colegas.
Pero esta no es la única incursión de la izquierda populista española en una materia tan sensible para millones de españoles en el mundo y sus descendientes; si nos remontamos al año 2015, tenemos dos intentos para discutir en el Congreso “La proposición de ley en materia de concesión de la nacionalidad”, que presentó el 25 de julio el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, más conocido en aquel entonces con el nombre de Izquierda Plural.
¿Qué ocurrió con ambas? Nada. Una fue retirada y la otra se murió de aburrimiento hasta el fin de la legislatura.
El 19 de mayo de 2017, Esquerra Republicana volvió al ataque con otra iniciativa titulada “Proposición de Ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la Memoria Histórica”, como nadie vino a defenderla el texto fue “Decaído”, o sea, olvidado el 26 de junio siguiente. Curiosamente, ninguna asociación o grupo político que trata el tema de la emigración se percató que el artículo 27 proponía una sustancial modificación del Registro civil, ya que reconocía el derecho a la nacionalidad española de “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. Así son las cosas hoy en España.
Pero la Izquierda no es la única que se lleva años burlándose de los españoles y sus descendientes en el exterior. Tras haber anunciado con bombo y platillos que Mariano Rajoy cumpliría con lo prometido si lo votaban, el Partido Popular propuso ante la Comisión de Justicia en 2015 su propia versión de una proposición de ley “para la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles”; el texto fue presentado por el entonces el secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Alfredo Prada, como el cumplimiento de un “compromiso” del actual presidente; y recordaba a quien quisiera escucharlo, que Mariano Rajoy en persona la había incluido en su programa electoral. Prada, con la cara tan dura que lo caracteriza, aseguró entonces a Europapress que esta proposición de reforma del Código Civil permitiría ampliar los supuestos de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de españoles en el mundo.
¿Y qué sucedió con ella? Nada.
Podría pensarse a primera vista que la causa del desplante fue la disolución de la pasada Legislatura; pero si ese hubiera sido el caso, tendrían que haberla vuelto a presentar de inmediato una vez comenzada la nueva, y eso no ha ocurrido. Que se trataba de un engaño lo prueba la votación que tuvo lugar el pasado agosto en el Senado, cuando la mayoría rechazó la proposición de Foro Asturias (una emanación del Partido Popular), redactada en términos casi idénticos a iniciativa malograda de 2015. Las razones de la negativa son un primor de mala uva y de hipocresía: “El PP no apoyará la moción de Foro, porque considera que ya se ha avanzado lo suficiente en materia de nacionalidad”. Como lo están leyendo, esas fueron las palabras textuales de la portavoz del Partido Popular Cristina Ayala Santamaría.
Sin embargo, el proyecto de Ley en materia de Concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España, presentado en Comisión de justicia por varios grupos parlamentarios el 10 de junio del 2014 sí que salió adelante, y hoy los descendientes de aquellas personas que fueron injustamente expulsadas de la Península en 1492 pueden recuperar la nacionalidad española si lo desean, mientras que los las víctimas de la dictadura o los descendientes de los seres humanos que tuvieron que emigrar por razones económicas durante el siglo XX no pueden hacerlo. Compréndalo quien pueda. La ley en beneficio de los sefardíes tal y como quedó aprobada fue calificada de “grotesca y cuestionable” por Carmela Silva, la diputada socialista, quien desde su tribuna en el Congreso de los Diputados fustigó valientemente las incoherencias de un texto que dejaba fuera a los descendientes de españoles desperdigados por el mundo entre otros dislates.
El Partido Socialista Obrero Español ha manifestado por vía de prensa su intención de presentar en breve una nueva iniciativa parlamentaria (sería la sexta desde 2015 hasta 2017) para reformar la “Ley de Memoria Histórica” de 2007. Como en su pasada edición, el texto se completará con una propuesta para ampliar los colectivos que pueden solicitar la nacionalidad española, de manera que puedan hacerlo los descendientes de mujeres españolas (hasta 1978 las madres no transmitían la nacionalidad), los descendientes de varones que tuvieron que renunciar a su nacionalidad antes del nacimiento de sus hijos, y los hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad gracias a esta norma, que sólo la contemplaba para los menores.
Aunque no nos gusta que una ley justa venga arropada dentro de otra que nos lo parece muchísimo menos, veremos si esta vez se atreven a cumplir con sus promesas.
Los cubanos de ascendencia española en Miami deberían unirse para hacer valer sus derechos y los de sus familiares en la isla.
