QUITO, Ecuador.- Las acciones represivas de la dictadura comunista cubana son la principal causa por la que sus mandatarios se mantienen en el poder. Dichas acciones no solo están encaminadas a impedir la labor de las organizaciones de disidentes y la participación popular en manifestaciones pacíficas; sino a lograr un total control de los medios de difusión, de las comunicaciones, la expresión y hasta el pensamiento de los cubanos. Para lograr semejante control el gobierno invierte cifras millonarias anualmente, además de los honorarios a los miles de funcionarios que, de manera oficial o encubierta, son colaboradores del sistema.
La represión en Cuba se incrementó en los últimos meses del pasado año. Solo el 11 de octubre de 2015 fueron detenidos más de trescientos activistas que de manera pacífica intentaban participar en acciones de la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. En noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció más de mil doscientas detenciones a opositores y activistas, lo que lo convirtió en el mes más represivo del 2015. Las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba y La Habana, en las que existe la mayor actividad de la disidencia, encabezada por los miembros de la UNPACU y las Damas de Blanco, respectivamente.
Las detenciones constituyen una violación, si se considera el artículo noveno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, y como sabéis, las detenciones realizadas han de considerase arbitrarias, teniendo en cuenta la actitud pacifista de los manifestantes, los que solo han intentado expresar libremente sus opiniones y reclamar sus derechos. Recordemos que el artículo decimonoveno de dicha declaración precisa: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones”.
Estos hechos al parecer han motivado recientemente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo a destinar la suma de 5,6 millones de dólares para la promoción de los derechos humanos en Cuba. Esta institución convocó a organizaciones interesadas en colaborar con la presentación de proyectos para fomentar derechos individuales, civiles, políticos y laborales en Cuba, de acuerdo a las proclamaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales dedicados a estos temas.
Resulta contradictorio que sean organismos e instancias de los Estados Unidos los que tengan que asumir una responsabilidad que le corresponde en sí al gobierno de la isla caribeña, el que ha permanecido indiferente ante las numerosas acusaciones que ha recibido respecto a las violaciones de los derechos humanos.
Es conocido por todos, que el gobierno cubano actual limita los derechos a la libertad de expresión y pensamiento, así como a la información. La posibilidad de acceso a través de Internet y otras fuentes ha sido motivo de sendas críticas a través de diversos artículos periodísticos. Recordemos que la mencionada Declaración Universal, en sus artículos decimoctavo y decimonoveno, hace referencia al derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, así como a la libertad de opinión y de expresión. Dicho derecho establece la posibilidad de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, lo que es una verdadera utopía en un país donde solo una exigua minoría puede acceder libremente a la información, y donde todo aquel que piense de manera diferente a los cánones establecidos por la dictadura resulta amenazado, discriminado y marginado.
De igual forma, el Departamento de Estado se ha interesado en la restricción y persecución de la labor de grupos religiosos y otras instituciones y asociaciones fraternales y sindicatos independientes, lo que se establece de manera muy precisa en el artículo vigésimo: “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas”, como en realidad son las reuniones de los grupos de opositores cubanos, es decir, de forma pacífica, tal vez inspirados en los principios de la no violencia con los que triunfara Gandhi en la India.
Otros puntos a tratar son el no reconocimiento a aquellos grupos no gubernamentales que defienden los derechos humanos, así como la interferencia de las comunicaciones privadas a través de su control sin autoridad e impunidad, este último aspecto bien fundamentado en el artículo duodécimo de la citada declaración, que establece: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”.
El tercer artículo es definitorio de todo aquello que en Cuba resulta imposible: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. No hay libertad en países dominados por un régimen totalitario; no puede haber seguridad para ningún cubano cuando han tenido lugar centenares de detenciones en los últimos meses y donde han sido agredidos cientos de manifestantes, que de manera pacífica reclaman sus derechos.
El derecho a la vida necesita por sí un tratado, pues su análisis, además de la perspectiva política y social, ha de ser filosófico. De cualquier modo, el advenimiento a la existencia es sagrado, y por tanto, más que respetado, deberá ser venerado, lo que no encuentra su cauce en la ideología de tipo materialista, adoptada como oficial por el gobierno comunista cubano.
La respuesta de múltiples instituciones y personalidades con seguridad será inmediata. Esperemos de igual forma por las propuestas que beneficien el curso de los derechos humanos en Cuba, pero es en primer lugar al gobierno cubano y a su presidencia a quienes corresponde hacer algo en pos de los derechos del pueblo cubano. La indiferencia y la transgresión de la ley no podrán mantenerse por mucho tiempo. Una nueva perspectiva democrática que se enfrenta al populismo y a la decadencia de las tendencias de izquierda ya se está abriendo paso en Latinoamérica; Cuba no podrá ser una vez más la excepción. El ímpetu continental llegará enérgico al caribe para reestructurar el orden y la libertad.