Muchas de las funciones que hasta ahora asumía el Instituto Nacional de la Vivienda serán traspasadas a otros organismos, fundamentalmente al Instituto de Planificación Física (IPF), según publica este viernes la Gaceta Oficial Extraordinaria. La normativa entrará en vigor el próximo 5 de enero.
La prensa oficial ha señalado que el objetivo de estos cambios es la centralización de funciones, la reducción de la burocratización y el control de las construcciones ilegales.
La administración asumirá ahora un mayor control en la construcción de viviendas por esfuerzo propio en los terrenos otorgados por el Estado. “Al recibir el terreno estatal las personas deberán comenzar la ejecución de la obra en el término de un año, que podrá ser prorrogado por un año más.
Si no se ha construido durante ese tiempo, podrá cancelarse la asignación, pues existe una necesidad creciente de terrenos para construir viviendas y lo que no se puede permitir es congelar dichas zonas”, ha asegurado Belkys Serrano Tejerizo, vicepresidenta del IPF, en una entrevista en el diario Granma.
Según la funcionaria, las tareas que se traspasan a su organismo son: la expedición de licencias para realizar acciones constructivas en las viviendas, el control y establecimiento de las normas de funcionamiento de los asentamientos urbanos y rurales, la certificación de viviendas, la asignación de terrenos estatales, los dictámenes técnicos para la descripción y tasación de las viviendas o la aprobación de medidas y linderos, traspaso de solares y azoteas o el ejercicio de tanteo a favor del Estado. El IPF será también representante del Estado ante los organismos internacionales en el ámbito de los Asentamientos Humanos y el Hábitat.
Sin embargo, Belkys Serrano explicó que quienes desean cambiar el piso, levantar una meseta, hacer una división interna que no afecte la estructura de la casa, no tienen que hacer ningún tipo de trámites.
