LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -Después de años de espera, a través del Decreto No. 292 del Consejo de Ministros del 20 de septiembre, el gobierno amplió el rango de los vehículos automotores para compra-venta o donación entre los ciudadanos. Hasta el presente, esta operación solamente era permitida para los fabricados antes de 1959. Ahora están comprendidos los posteriores a esa fecha, pero aquellos vendidos en entidades comercializadoras en el país únicamente se autorizarán a “personas que hayan obtenido los ingresos en moneda libremente convertible o en pesos convertibles, como resultado de su trabajo, en funciones asignadas por el Estado o en interés de éste”.
Por tanto, este Decreto sólo permite la compra-venta o donación de vehículos asignados hace mucho tiempo, en particular los Ladas y Moskovich soviéticos, en explotación desde hace más de 20 años, que como los de fabricación norteamericana, los popularmente llamados “almendrones”, anteriores a 1959, funcionan gracias a la creatividad de los cubanos, debido a las dificultades para encontrar piezas de repuesto y aditamentos que posiblemente ya no se producen ni en Rusia.
Adicionalmente en el Decreto se establece que las personas que salgan para residir definitivamente fuera de Cuba, puedan donar sus vehículos a sus familiares. Hasta ahora, al abandonar el país en esas condiciones, no sólo las personas quedan desterradas, sino que se les confiscan todas las propiedades. Quizás esta medida “flexibilizadora” responda a que al gobierno no le interesa recibir más vehículos súper amortizados, sin piezas de repuesto e imposibles de mantener por sus altos consumos de combustible, y por eso, después de tantos años, haya tomado esta “dadivosa” decisión, que en la práctica ha constituido, como continúa constituyendo la confiscación de las viviendas y otras propiedades, un inmenso abuso contra ciudadanos indefensos que, empujados por las necesidades o las persecuciones, hayan decidido abandonar su patria y establecerse en otros países.
El Decreto también permite que un ciudadano posea más de un vehículo, pero la transacción para adquirir uno adicional impone un 50,0% más de impuesto. Resulta evidente que esto responde a la política de obstaculizar el progreso y la libertad económica de los cubanos. En la práctica lo único que conseguirán las autoridades es que se viole lo reglamentado, pues con solo poner a nombre de otra persona- un familiar por ejemplo- el otro vehículo adquirido, se deja de pagar el recargo tributario.
La nueva legislación, en líneas generales, permite la compra-venta de vehículos usados, la mayoría absolutamente amortizados, quedando los nuevos a cargo del Estado para entregar a las personas seleccionadas. De tal forma, los campesinos, los cuentapropistas o las personas que reciban dinero de sus familiares desde el exterior seguirán sin posibilidades de adquirir vehículos nuevos, pues el Estado continuará su política segregacionista y excluyente para fomentar el clientelismo, así como obligar a actitudes de doble moral a fin de poder progresar en esta Cuba, dominada por el totalitarismo durante más de 52 años.
El Decreto 292 es una prueba más de las medidas tardías, insuficientes y parciales que ha venido realizando el gobierno, con el objetivo de que el poder omnímodo del Estado continúe intacto.
