LA HABANA, Cuba, enero, 173.203.82.38 -En días recientes se escribieron las páginas de un nuevo capítulo en la historia de la represión desatada por el régimen totalitario castrista contra quienes se le enfrentan de manera pacífica. En la ciudad de Pinar del Río fue sancionado a un año de prisión Yelky Puig Rodríguez, miembro de la Corriente Agramontista, la agrupación de abogados independientes que me honro en presidir.

El prólogo de esta acción represiva fue la ocupación arbitraria de tres teléfonos celulares y una cámara fotográfica por parte de la fuerza pública. El 8 de octubre, nueve disidentes pinareños se dirigieron a reclamar la devolución de esos bienes. La sola intención de ejercer el derecho de petición resultó suficiente para que la policía política decidiera reprimir al pequeño grupo contestatario. Los opositores pacíficos fueron interceptados y atropellados en plena vía pública.

Más de dos meses después, el 19 de diciembre, se celebró el juicio oral, en el que sólo cuatro fueron acusados por el supuesto delito de resistencia. En este acto judicial y en la vista del recurso de apelación —que tuvo lugar el 27 del propio mes— se repitió el mismo escenario de gran despliegue represivo en los accesos a cada Tribunal. Se les cerró el paso a docenas de disidentes que deseaban asistir a ese acto que, según la Ley, es “público”.

Y lo que es más: también a algunos de los testigos propuestos por la defensa les impidieron concurrir a uno y otro acto. Éste es el caso del también agramontista Rigoberto González Vigoa —uno de los nueve reprimidos el 8 de octubre—, a quien la fuerza pública le cerró el acceso al juicio oral y a la vista de apelación. Esto dio pie a que los alguaciles expresaran en ambas ocasiones: “El testigo no ha comparecido”. Según la historia oficial —pues— todo quedó como una omisión de éste…

La presunta resistencia, por la que se acusaba a Yelky, admite las sanciones mínimas previstas en el Código Penal. Es por ello que el órgano competente para juzgarlo es el eslabón inferior de la cadena judicial: el Tribunal Municipal. Pese a ello, se le mantuvo en prisión provisional, se le fijó la pena máxima imponible (un año de privación de libertad) y el órgano jurisdiccional decidió mantenerlo encarcelado, pese a no estar firme la sentencia, que fue apelada.

Aunque el 8 de octubre todos hicieron lo mismo, los otros tres acusados recibieron simples multas. Con ese motivo, el propio Yelky hizo en la vista de apelación un comentario numerológico lapidario: “Éramos nueve y acusaron a cuatro; pero a los otros tres no les dieron importancia. El problema aquí era uno”. Como declaró el coordinador de la Delegación de la Corriente Agramontista en Pinar del Río, Raúl Luis Risco: “A Yelky querían sacarlo de circulación. Todo esto estaba preparado de antemano”.

Según Yusleidy Romero Becerra, esposa del apelante, en este caso cabe destacar la actuación prepotente de la acusadora pública que, durante el informe de la abogada, realizaba gestos que motivaron incluso que ésta le llamara la atención. La fuente planteó al respecto: “Era como si la fiscal, con sus muecas, estuviese comentando: ‘Habla todo lo que quieras, pero de todos modos será sancionado’.”

En la vista, el Presidente de la sala provincial hizo una observación en la que el analfabetismo jurídico compite exitosamente con la ferocidad. Según Yusleidy, pese a que los otros tres acusados, tras pagar sus respectivas multas, no eran partes en la apelación, el referido funcionario se consideró en el deber de dirigirles este improcedente comentario: “Si yo hubiera estado en el juicio municipal, les habría puesto un año a cada uno de los cuatro”.

Al momento de escribir estas líneas, Yelky Puig Rodríguez está ya en la tenebrosa Prisión Provincial de Pinar del Río, conocida como 5½ por encontrarse en ese kilómetro de la Carretera a Luis Lazo. Está allí mezclado con varias treintenas de presos comunes de toda laya.

Resulta necesario que la opinión pública nacional e internacional entienda la peligrosa situación en que se encuentra este opositor pacífico. Es menester —además— que, aunque su encarcelamiento haya sido enmascarado como la consecuencia de un supuesto delito común, todos comprendan que, en realidad, estamos ante un nuevo preso de conciencia del régimen castrista.