PUERTO PADRE, Cuba, enero (173.203.82.38) – Dolor, ira, frustración, expresaba el rostro de José el pasado 26 de diciembre, cuando conoció que la posibilidad de convertirse en ciudadano español se había extinguido.
La Ley de Memoria Histórica, puesta en vigor por el gobierno español el 29 de diciembre de 2008, y que permitía a los nietos optar por la ciudadanía de sus abuelos peninsulares, prescribió, luego de permanecer vigente durante tres años.
José es un campesino de 55 años, nieto del primer matrimonio de un español exiliado en Cuba, como consecuencia de la Guerra Civil Española, y que como tantos otros, había mantenido una relación distante con la familia fundada por el abuelo en segundas nupcias, y nula con la que había dejado aquel en España.
Luego de mucho indagar, José conoció que sus tías y primos, los que habían mantenido al margen a su padre y a él, se habían convertido en ciudadanos españoles, gracias a la fe de bautismo de su abuelo, tenida como buena por la embajada de España en La Habana, luego de autenticada por el obispado de Astorga.
Pero esto vino a saberlo José a última hora, luego de haber chocado con un valladar insalvable: en su inscripción de nacimiento el abuelo aparecía como Alfonso, y no como Alonso, de quien él era nieto, y así aparecía en todos sus documentos y en los de su padre, haciendo imposible el trámite.
El caso de José no es único. Y si bien miles de cubanos nietos de españoles han adoptado la ciudadanía de aquel país, por todo lo que entraña para un cubano ser ciudadano europeo, otros miles, por desconocimiento, y por encontronazos de convivencia familiar, como los de José, han quedado fuera de los beneficios otorgados por la Ley de Memoria Histórica del gobierno español.
El pasado 26 de diciembre, el vicecónsul honorario de España en la ciudad de Camagüey, Pedro Valentín Cruz, comunicó a un nieto de español escapado del fascismo y refugiado en Cuba, que pretendía optar por la ciudadanía española, que ya no tenía ninguna posibilidad.
Mientras, en Madrid, una cubana residente en España, quien trataba de ayudar a un coterráneo a través de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, recibía la misma respuesta: “Ya todas las entrevistas están concertadas”.
España tiene una deuda moral impagable con América, y especialmente con los cubanos. No nos concedió la independencia cuando, obligada por las circunstancias de la guerra, debió hacerlo.
La Ley de Memoria Histórica vino a compensar lo que sólo tiene un nombre: genocidio, pero pretender cicatrizar las heridas de cuatro siglos en sólo tres años, es un desvarío. “Recuerde que Diego Velázquez, el primer gobernador español que tuvo Cuba, llegó a la Isla en 1511” –me dijo un amigo historiador, a propósito de la prescripción de la ley que posibilitaba a los cubanos reencontrarse con sus raíces españolas.
Debido al régimen que impera en la isla desde hace 53 años, el gobierno norteamericano aplica a los cubanos una legislación conocida como Ley de Ajuste Cubano, que permite a los nacionales que pisan suelo estadounidense, tramitar la residencia en ese país al año y un día de su llegada.
Ahora que Raúl Castro ha ratificado que los cubanos no pueden salir ni entrar libremente de su país, cabe preguntarse si el gobierno español comprenderá, como lo ha comprendido el de Estados Unidos, que los ciudadanos de esta isla estamos urgidos de protección. Y para un cubano contar con la ciudadanía española, lo ayuda de muchas formas.
El gobierno de España tiene la palabra ante tantos casos de cubanos con raíces españolas, como las del campesino José, que se han quedado fuera de su memoria histórica.
