LA HABANA, Cuba, septiembre (173.203.82.38) – Lo más parecido a un museo donde sólo se mira y no se compra nada, es el último piso de la tienda por departamento Ultra, en Centro Habana. Los visitantes aprecian la exhibición de cocinas, freidoras, parrillas, hornos, licuadoras y tostadoras eléctricas, consumidores de energía cuya importación estuvo prohibida durante décadas.
Pero muy pocos cubanos se han beneficiado con la “legalización” de esos útiles productos, devoradores de electricidad. Con tantas vicisitudes, no son muchos los que pueden desembolsar casi 300 dólares por un horno eléctrico, lo que es igual para la mayoría al salario de más de un año.
La opción más popular es comprar equipos traídos por cubanos o extranjeros que viajan periódicamente al exterior, a quienes se hacen encargos que venden luego a precios altos, pero más asequibles al bolsillo.
Los renglones productivos y de servicios que permanecen en manos del gobierno se han convertido en la prolongación de la economía informal y la pequeña empresa privada, adversarios económicos del Estado paternalista. En otras palabras, el Estado no interfiere en la política de precios del sector privado, más bien trata de equipararse a estos para competir.
La administración de Raúl Castro, desde el pasado año reactivó la pequeña empresa privada autorizando el ejercicio de 178 actividades, recogidas en los decretos 11 y 12 de 2010. También dejó abierta la posibilidad de crear un mercado mayorista para abastecer a los nuevos trabajadores por cuenta propia.
El gobierno de Raúl Castro se concentró en combatir el desvío de recursos estatales hacia el mercado negro, haciéndolo más difícil; no sin antes estudiar el manejo de los precios en cada eslabón de la cadena de corrupción, para ajustar los precios del Estado.
De ahí que en la gastronomía y otros servicios que controla el Estado, como la venta de materiales de construcción, productos industriales, artesanales, agropecuarios y otros, hoy los precios son equivalentes a los de la actividad privada.
La nueva pequeña empresa privada no podía esperar por el prometido mercado mayorista estatal y el desvió de recursos se hizo más difícil, por ende, el mercado informal adoptó nuevas estrategias para abastecerse.
Cubanos que viajan periódicamente a países de Centroamérica, Europa y Estados Unidos cubren la demanda de productos que el Estado vende a precios abusivos; también de piezas y materias primas para los que trabajan por cuenta propia. Generalmente estos importadores por encargo exigen a sus clientes el pago de la mitad del dinero por adelantado.
La Aduana General de la República está suprimiendo las limitantes a viajeros cubanos y extranjeros, y permitiéndoles entrar al país equipos que antes se confiscaban.
Si las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) mantienen sus precios, se convertirán en verdaderos museos de productos importados, y la gente continuará mirando, sin comprar.