LA HABANA, Cuba, noviembre, 173.203.82.38 -Una vez más ha sido noticia la represión desatada por los agentes del régimen castrista contra un grupo de personas de talante contestatario: en este caso, contra hombres y mujeres que de un modo u otro están relacionados con el proyecto de intelectuales que —curiosamente— se han dado a conocer por el nombre técnico de la situación de estrés en que suele encontrarse un actor antes de salir a escena: Estado de SATS.
Igual que un cometa, que al cabo de un tiempo más o menos considerable vuelve a pasar por un sector determinado del espacio celeste, así también los represores comunistas, como el alacrán del cuento, no pueden sustraerse a su vocación de atropellar cada cierto tiempo a los ciudadanos a quienes se supone que amparen.
Aunque —es necesario aclararlo— el tiempo que suele decursar entre una y otra arremetida castrista no tiene nada que ver con los decenios que un cuerpo astral como el cometa Halley demora en acercarse de nuevo a la tierra. Las embestidas del régimen cubano, a lo sumo, están separadas unas de otras apenas por días.
En este caso, lo más alarmante fueron las razones presumibles del desenfreno oficialista. Y tengo que expresarme en estos términos porque, en realidad, las autoridades y sus agentes no se dignan explicar el porqué de su actuar. Al parecer, consideran que el mero hecho de informar a los afectados los motivos por los que han procedido de un modo determinado, de alguna manera los menoscaba.
En esto se pone de manifiesto que en la Cuba de hoy no existe un Estado de Derecho. Uno de los rasgos fundamentales de éste es que la autoridad y sus agentes son servidores públicos, se deben a la ciudadanía. En un régimen totalitario —por el contrario— ellos actúan como dueños absolutos, y consideran al pueblo como un rebaño que debe mostrarse siempre dócil a las órdenes del amo.
En el caso que nos ocupa, el exceso comenzó por un arresto arbitrario: Una joven abogada fue detenida cuando llevaba alimentos a su padre enfermo. Violando la Ley, los motivos por los que se la privaba de libertad no le fueron informados. Se la condujo —eso sí— al antro conocido por la intersección de las calzadas que pasan frente a él: 100 y Aldabó.
Se sabe que los torturadores medioevales de la Inquisición, antes de comenzar a martirizar a alguno de los infelices que caían en sus garras, estaban obligados a evacuar el trámite de “mostrarle los instrumentos”. Era por ello que exhibían ante los ojos espantados del preso —por ejemplo— una cabilla al rojo vivo, punzones, tenazas, látigos y otros objetos nada tranquilizadores.
Así actúan también los agentes de la policía política castrista. A las víctimas que han escogido para pasarlas a una etapa superior de represión, antes de enviarlas a prisión, las conducen a alguno de esos sitios especiales en los que, para mi desgracia, he tenido que morar por largas temporadas. Puede ser su cuartel general instalado en un antiguo colegio católico (conocido por esa razón como Villa Marista), o el ya mencionado antro de 100 y Aldabó.
Este último es una dependencia de la policía común, lo cual, para los represores, presenta la indudable ventaja de enmascarar al menos un poco (igual que una prenda transparente “encubre” el cuerpo de una mujer) el carácter puramente político de las supuestas ilicitudes realizadas por la persona detenida.
Allí, el arrestado es obligado a vestir el tosco uniforme del centro y es encerrado en una celda tapiada de seis metros cuadrados, donde no penetra la luz del día. En penumbras tiene que permanecer. Como regla, sus compañías son reos comunes de la peor especie, y no es raro que el alimento que reciba sea un rancho repulsivo.
Fue así que la abogada Yaremis sufrió “la exhibición de los instrumentos”. ¿Por qué motivos? Lo más probable (tenemos que volver a la especulación) porque a las autoridades les disgusta el asesoramiento legal gratuito que ella y algunas colegas brindan a ciudadanos que tienen roces con el poder.
Lo que quedan son algunas incidencias derivadas de ese comienzo viciado. Antonio G. Rodiles, líder de Estado de SATS, la destacada bloguera Yoani Sánchez, la también abogada Laritza Diversent y otros muchos se dirigieron a distintas dependencias de los cuerpos represivos, al solo objeto de averiguar una sencillez: saber adónde había sido conducida su amiga y por qué motivos.
Aquí resalta una vez más la prepotencia de los agentes castristas: los ciudadanos, que se hubiesen satisfecho con una información simple, sufrieron empellones, puñetazos, halones, llaves de lucha, cierre de vías públicas, suspensión del servicio telefónico y nuevos arrestos. Y esto en diferentes puntos de la geografía habanera, lo que indica que hubo órdenes emanadas de lo alto.
En su infinita torpeza, el régimen mandó a hacer todo esto en presencia de cámaras y teléfonos celulares, de modo que las imágenes bochornosas son conocidas por la opinión pública internacional. ¿Y así piensan que la Unión Europea va a cambiar la Posición Común adoptada con respecto a Cuba, prevista para ser reexaminada por estas mismas fechas!
Esperemos que los últimos que siguen detenidos —el profesor Rodiles entre ellos— sean puestos en libertad en breve. Cuando esto ocurra, el cometa de la represión castrista habrá terminado de dar una nueva vuelta más.