PUERTO PADRE, Cuba, junio, www.cubanet.org -Hace poco más de una semana, la policía ejecutó una redada en Puerto Padre, al oriente de Cuba. Directivos y empleados del comercio fueron detenidos y estarían siendo procesados, por presuntos delitos de actos en perjuicio de la actividad económica, enriquecimiento ilícito, cohecho y negociaciones fraudulentas.
Durante los arrestos y con posterioridad a éstos, las autoridades ocuparon, en algunos domicilios, mercancías y bienes adquiridos con dinero de procedencia presuntamente ilegal. “La operación forma parte del enfrentamiento a la corrupción”, dijo una fuente.
El nombre de la operación no lo revelaremos por motivos obvios.
En Cuba siempre hay en marcha una campaña política a la que, invariablemente, seguirá alguna que otra acción legislativa, con la consiguiente operación policial.
Corruptos han existido en todos los estadios de la humanidad, y seguirán existiendo criminales en tanto existan caracteres psicópatas o condiciones socioeconómicas propicias al delito. Pero esta particular proclividad a la corrupción en la que hoy está empantanada la sociedad cubana, tiene nombre, fecha de nacimiento, y… ¡Qué paradoja!, ahora viene sobre sus padres, cual efecto bumerán.
Sólo un ejemplo: Mediante la Ley No. 890, del 13 de octubre de 1960, el régimen dispuso la nacionalización mediante “expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos” de los empresarios cubanos. No bastándole acabar con tales propietarios, ocho años más tarde, en marzo de 1968, con la llamada “Ofensiva Revolucionaria”, el gobierno liquidaría todo vestigio de propiedad privada, minúsculas bodegas de barrio, hasta los cajones de los limpiabotas.
Huelga decir que, con la desaparición de la actividad mercantil, surgieron profusas figuras delictivas para penalizar desde la venta de café, hasta la de unos cuantos limones. Por cierto, mientras conducía, alguien atropelló a un ciclista, y, en lugar de socorrerlo, se dio a la fuga, ¿motivo…? Transportaba nada menos que café en el maletero.
Fuera de las costumbres universalmente aceptadas, y esta es la concepción de renombrados sociólogos dedicados al estudio de la criminología comparada, figuras penadas como delitos no serían tales si las instancias de control (policías, fiscales, tribunales y los intereses de poder subyacentes) no involucraran al legislador, o ellos mismos se transformaran en legisladores a la hora de tipificar delitos de conveniencia.
En un país donde prevalezca el Estado de Derecho, el delito siempre representa un daño a un bien protegido, ya sea a la propiedad o la integridad de las personas, física o moral, y la pena ( la sanción) es la respuesta al perjuicio ocasionado. Desafortunadamente, este no es el caso que nos ocupa.
Con demasiada frecuencia, en Cuba, pena es sinónimo de represalia, y téngase en cuenta que, en el vocabulario jurídico, la palabra venganza no tiene cabida. En el cuerpo legal de la República de Cuba, numerosas leyes y decretos-leyes son incongruentes con la idiosincrasia de la nación, sin cabida en la cultura de nuestros ancestros, sólo sostenidas por habérseles integrado, como delitos, en el Código Penal, o por haberlas elevado a preceptos de latitud constitucional.
A tenor de la Resolución No. 281, del 1ro de octubre de 1962, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, esa entidad dispuso la Resolución No. 329, regulando la matanza de reses en Cuba. Tal resolución es el origen del artículo 241.1, del vigente Código Penal: “El que (…) sacrifique ganado mayor es sancionado con privación de libertad de cuatro a diez años”.
Sabido es el resultado inhumano de tal legislación, con independencia del desabastecimiento de carne: la desaparición del carnicero para dar cabida al cuatrero, y la aparición en la sociedad cubana de un grupo compuesto por cientos de miles de hombres marcados por una pena: la de los sancionados por hurto y sacrificio ilegal, siendo en ocasiones los propios dueños del ganado. Hogares deshechos, hijos sin padres, padres sin hijos, es el saldo de penalizar el comercio de carne vacuna en Cuba.
Cabe preguntarse cuántos de los que hoy ejercen el trabajo por cuenta propia fueron juzgados ayer, y cumplieron sanción por actividades económicas ilícitas. Sería bueno saber con qué cara legisladores, policías, jueces y fiscales miran a quienes mandaron a la cárcel por lo que ayer llamaron delito y hoy llaman “cuentapropismo”.
La respuesta de esta interrogante quizás sugiera la conveniencia de realizar en Cuba una verdadera apertura económica, en lugar de jugar a la economía. Así nos libraremos de la corrupción y de las redadas policiales como las que en estos días están de moda por toda la Isla. Y lo más importante, quienes tienen espíritu de empresarios, podrán emplearse en sus industrias, y, en lugar de fabricar penas, los legisladores podrán dedicarse a pensar en una nación con todos y para el bien de todos.