LA HABANA, Cuba, mayo (173.203.82.38) – El gobierno de Cuba está tratando de desembarazarse de cualquier tipo de responsabilidad en la muerte de Juan Wilfredo Soto, ocurrida el sábado cinco de mayo, mientras estaba hospitalizado.
Oposicionistas y amigos del fallecido aseguran que su deceso fue consecuencia directa de una golpiza que recibió a manos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), dos días antes, en el parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara. El gobierno dice que murió por una pancreatitis, que los exámenes médicos no mostraron golpes en el interior ni el exterior de su cuerpo.
Alega que todo es una nueva campaña mediática “contra la revolución” (un gobierno de más de 52 años). Que se ha querido convertir a una “persona con antecedentes delictivos, sancionada a dos años de privación de libertad por delito común en un disidente político” ; algo similar dijo tras la muerte por huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo en febrero de 2010.
Si nos basamos en su trayectoria, no existe el más mínimo motivo para creer la versión del gobierno. Nunca ha sido serio. El pasado mes de abril Raúl Castro anunció que los comunistas llevaban más de 50 años cometiendo errores, y que los acuerdos de cinco congresos de su partido nunca se cumplieron. Y todos continúan en sus puestos mirándose el ombligo. Al parecer están a la espera de alguna gran donación internacional de gomas para borrar sus errores.
En el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, provocado por embarcaciones gubernamentales al tratar de evitar la huida de un grupo de personas a bordo de dicha nave, en julio de 1995, murieron 41 cubanos, varios de ellos niños. El gobierno dijo que había sido un accidente. A nadie se le exigió responsabilidad penal o moral por ese “accidente”; los tribunales, como les correspondía, nunca han jugado ningún papel en esa tragedia. Queda implícito, para el gobiernos, esas personas merecían morir por haber decidido huir de la revolución y su ideología.
El Departamento de Seguridad del Estado, la PNR y Medicina Legal (entidad encargada de decir de qué murió Soto), pertenecen al Ministerio del Interior.
Seguridad del Estado amenaza, golpea, chantajea, asalta viviendas ocupadas, encabeza turbas de parapoliciales contra pacíficos opositores e indefensa mujeres, y Dios sabe cuántas muchas cosas más hace, ninguna favorable a los cubanos. El que no ha oído de golpizas a detenidos, incluso en plena vía pública, proporcionadas por la PNR, es porque no quiere oír.
Hace solo una semana un sacerdote cristiano trajo a mi casa a un niño de 15 años, Carlos Yovanís Rosabal Rivero, a quien la PNR detuvo, sin ningún motivo el martes 10 de mayo, tarde en la noche, mientras se dirigía a su casa en bicicleta. El adolescente contó que, sin mediar palabra, le echaron un líquido muy ardiente en los ojos. Que en la estación policial le mantuvieron cerca de dos horas esposado, con los brazos en alto, a una puerta interior del recinto policial (eso es un acto de tortura), y que fue interrogado en dos ocasiones sin la presencia de ningún adulto de su familia.
El panorama político, económico y social de Cuba no da margen para pensar que la muerte de Soto no fue consecuencia directa de una brutal golpiza.
No obstante, si el gobierno por un momento, dejara a un lado su arrogancia de amo absoluto -actitud que ha llevado a la nación a su actual estado calamitoso- y permitiese que una comisión médica internacional, imparcial y creíble, hiciera una segunda evaluación de los motivos de la muerte de Juan Wilfredo Soto, de seguro ese veredicto no sería puesto en duda.
