LA HABANA, Cuba, septiembre (173.203.82.38) – Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios, Transporte y Salud Pública, y el Instituto Nacional de la Vivienda brindaron una conferencia de prensa el 12 de septiembre, sobre nuevas medidas de ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia.
Los anuncios de esta reunión denotan la intención de las autoridades de no realizar los cambios urgentemente requeridos. Así, la ampliación del trabajo por cuenta propia a 181 oficios de los 178 anteriormente autorizados, para las personas dedicadas a trabajar el granito, los organizadores de servicios para fiestas de 15, bodas y otros, y agentes de seguros, es un paso que además de insuficiente, puede calificarse de ridículo. Representa la continuidad de la política dirigida a impedir que las personas puedan escoger libremente el trabajo a realizar, incluidos los graduados universitarios, a quienes se quieren mantener aherrojados al rígido control estatal, con miserables salarios y pésimas condiciones laborales.
Similar insustancialidad presenta el aumento a 50 comensales permitidos en los paladares-restaurantes; que los carretilleros ahora se nombren vendedores de productos agrícolas de forma ambulatoria; que se reduzcan los impuestos a cocheros y carretoneros, así como a los arrendadores de cuartos y viviendas.
Esto, indudablemente, beneficia a determinadas personas, pero en modo alguno tendrá una importante repercusión sobre la economía en su conjunto, ni atenuará la seria crisis que cada día con mayor fuerza golpea la economía y hace más difícil la vida de los cubanos. Máxime cuando todo puede empeorar sensiblemente, si lamentablemente el mundo vuelve a caer en una recesión, como predicen algunos autorizados expertos. Algo muy grave, en particular para un país que no ha salido de una crisis extrema que dura más de 20 años y carece totalmente de reservas para enfrentar una coyuntura económica de ese tipo.
Los problemas que han impedido el desarrollo del trabajo por cuenta propia no se solucionarán con esas medidas. Los niveles de impuestos continúan siendo asfixiantes, en particular los relativos a la contribución sobre los ingresos personales y a la utilización de la fuerza de trabajo; a la vez que persiste la ausencia de un mercado mayorista para abastecer a los cuentapropistas.
A principios de septiembre se anunció que ejercían el cuentapropismo 333 mil 206 personas, pero no se divulga que el 66,0% de ellas anteriormente realizaba las actividades sin autorización, con lo cual, desde el punto de vista económico, si bien se aumentarán relativamente los ingresos tributarios, no se tiene un incremento de relevancia real en la producción y la oferta de servicios.
Además, se reconoce que sólo un 10,0% del total de cuentapropistas (unos 33 mil) son empleados por otros cuentapropistas. Esto demuestra el fracaso de la creación de puestos de trabajo suficientes mediante el cuentapropismo, lo que ha sido un factor determinante en la decisión del gobierno de detener el proceso de reorganización laboral -cuya meta era reubicar 500 mil trabajadores hasta abril pasado- y obligado a dilatar el cronograma completo de reubicación de 1,3 millón de trabajadores a 5 años, en vez de 3 como originalmente fue establecido.
La situación del empleo de trabajadores a través de la iniciativa privada no tiene ningún viso de solución, ya que existen enormes impuestos sobre la utilización de la fuerza de trabajo que hacen imposible esa alternativa. Según el periódico Granma únicamente hasta diciembre no se cobrará el impuesto por la contratación de hasta 5 personas, manteniéndose los mecanismos establecidos de que hasta 10 trabajadores contratados se aplica un impuesto del 25,0% sobre la remuneración mínima considerada para cada trabajador: el salario medio mensual de la provincia, incrementado en un 50,0%, según información de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Si fueran 11 y hasta 15 los empleados, la base imponible equivale a dos salarios mínimos, y del 16 en adelante se calculará el impuesto sobre la suma de tres salarios mínimos. Esto representa que cuando sean contratados más de 15 personas, pueda darse el caso de pagarse más impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo que el abono de los salarios.
Esta fórmula está diseñada para evitar el progreso de la iniciativa individual e impedir el surgimiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES). El esquema responde al miedo del totalitarismo a que los cubanos puedan acceder a la libertad en la esfera económica y posteriormente reclamen sus derechos civiles y políticos.
Con esta reaccionaria conducta queda demostrado que las autoridades prefieren que las fuerzas productivas continúen entrampadas y el país se hunda, antes de que peligre la hegemonía absoluta y los privilegios mantenidos durante tantos años.
