LA HABANA, Cuba, marzo (173.203.82.38) – Me arreglo las uñas en casa de Maritza, manicura desde hace no sé cuánto tiempo. Y cuando una es cliente de alguien durante tantos sábados termina conociendo algunas pesadillas de la persona que la atiende. Ella sabe que escribo, y de vez en cuando me regala alguna de sus historias. De todas, esta es una de las que más le preocupa.
Maritza perdió el sueño el martes pasado cuando le llegó a la casa un inspector para cuestionar la legalidad de su negocio. Aunque lleva años haciendo lo mismo no tiene un local rentado, ni empleados, ni ha pasado un curso de cosmética que avale sus conocimientos. Tampoco es que prefiera pintar uñas y limpiar calcañales, es que ese trabajo le proporciona una entrada de dinero honesta y sin presiones. Al menos así fue hasta hace un tiempo.
Las cuentas le daban porque, como no tenía a quién rendirlas, la pintura o la acetona que utilizaba las compraba en la bolsa negra. Ahora, con el nuevo “reajuste económico”, tiene que oficializar su status y pagar mensualmente 200 pesos, y otros 87 de seguro social (esta es la tarifa más baja), y el 10% del ingreso diario. A eso se le agrega la avalancha de inspectores que pide sobornos o impone multas por supuestas ilegalidades.
Maritza se pregunta: ¿Y qué me queda para la casa? Porque aun no existe una tienda donde pueda comprar al por mayor, en su condición de “pequeña empresaria”. “Tampoco –dice- creo que vayan a tener ese tipo de consideraciones. Aquí no se hace nada para bien de la gente”.
La buena noticia, según la oficina recaudadora, es que con esos impuestos ella va a tener derechos que antes no tenía: licencia de maternidad, vacaciones, seguro médico y jubilación. Cosas con las que no podía soñar.
Maritza no puede renunciar a su trabajo, porque hasta ahora con su clientela fija ha ganado el dinero para comer. Su preocupación es cómo va a combinar sus pequeñas ganancias con el pago de tantos impuestos, licencias y sobornos; si el arroz “liberado” está a ocho pesos la libra.