LA HABANA, Cuba, diciembre, 173.203.82.38 -Termina 2011, y en el balance del año se destaca, para los agricultores cubanos, el tema de los impagos.
El 13 de diciembre, el periódico Granma publicó una entrevista a Orlando Lugo Fontes, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), pero también diputado y miembro del Comité Central del Partido de Gobierno y del Consejo de Estado, cargos que indican que esa asociación del sector no estatal es sólo una correa de transmisión instituida al servicio del régimen, y no posicionada frente a éste.
Es interesante ver cómo en esa entrevista periodística se intenta volatilizar la responsabilidad del Gobierno, al usar, refiriéndose a esa problemática, clichés como “contratación vs. especulación” y “quién le pone el cascabel a los impagos”.
La periodista y el entrevistado se han olvidado de las disposiciones jurídicas que debe cumplir el Consejo de Ministros, como la de “adoptar medidas para fortalecer el sistema monetario y crediticio” que le atribuye el artículo 98, inciso f), de la Constitución.
Frente al síndrome del olvido, el antídoto del recuerdo nos permitirá evitar que sigan ocultando la responsabilidad real del régimen. Los impagos y la utilización que los bancos del Estado hacen de las bolsas financieras del sector agrario privado para ayudar a las quebradas empresas estatales cubanas (sin pagar intereses a sus dueños), constituyen un cruel juego permitido por el Presidente de la asociación supuestamente no gubernamental del sector agrario cubano.
¿Habrá que retomar e implementar la sugerencia que hice años atrás para permitir la creación de organizaciones verdaderamente independientes de agricultores que velen, entre otras cosas, por que no se perpetúe el sistema de impagos?
Los órganos del Estado cubano han dispuesto de un variado repertorio de disposiciones jurídicas encaminadas a evitar esa corruptela. Entre ellas se destacan las Normas básicas para los contratos económicos y el Reglamento del contrato especial de productos agropecuarios, textos con más de 30 años de vigencia. También las Normas bancarias para los cobros y pagos en moneda nacional.
Todas ellas han sido incumplidas. El pueblo cubano (y el campesinado en particular) ha llevado durante más de medio siglo el “cascabel” del que habla el Granma, pues ha estado sumergido durante todo ese tiempo en una crisis económica de irreparables consecuencias.
Pero ahora también el Gobierno porta ese sonajero, debido a los escandalosos impagos a los productores privados y a causa del incumplimiento, por parte del Banco Central de Cuba, de su responsabilidad de “asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Las justificaciones arbitrarias tienen dueño.
Del contenido del nuevo Lineamiento número 10, aprobado por el VI Congreso del partido único, se deriva que, ante las deficiencias del sistema empresarial que afectan las relaciones monetario-mercantiles del sector agrario privado, al Gobierno no le quedará otra alternativa que cerrar las entidades que sean deficientes e irrentables.
Hace sólo unos días, el presidente Raúl Castro, al referirse a la corrupción (que calificó como “uno de los principales enemigos de la Revolución”), planteó la necesidad de asumir “una conducta firme ante la indisciplina y el descontrol en los cobros y pagos, que constituyen una de las causas y condiciones principales para el delito”.
Esperemos que esta lucha contra los impagos sea enfocada no sólo como un medio para combatir la corrupción, sino también como una manera de eliminar las injusticias que sufre el campesinado cubano, de modo que éste no tenga que seguir padeciendo la explotación de la hipertrofiada burocracia ni financiando las ineficientes empresas estatales.
