LA HABANA, Cuba, mayo (173.203.82.38) – El anuncio del levantamiento de algunas prohibiciones respecto a la compraventa de casas y autos, se espera con ansia por los cubanos dentro y fuera de la isla. Sin embargo, en torno al tema hay un exceso de optimismo. Según los comentarios callejeros, la nueva legislación que permitirá la compraventa de casas estaba lista antes del Congreso, aunque nadie adelantó, bajo qué condiciones se permitiría el acto jurídico, prohibido legalmente en el sistema cubano.
Sólo existe una premisa: en 50 años de revolución, y a pesar de los errores, la dirigencia histórica no ha renunciado al control. Si se intenta dar respuesta a algunas interrogantes, se llega a la conclusión de que bajo la revolución socialista, siempre habrá restricciones, o mejor dicho, prohibiciones. ¿Podrá un cubano ser dueño de más de una vivienda? ¿Renunciara el Estado a su derecho de adquisición preferente? ¿Los que emigran definitivamente del país podrán vender sus bienes? ¿Eliminarán la confiscación administrativa del sistema legal?
Pensar que el Estado socialista dará libertad para vender casa y carros, es pura ingenuidad. Sólo debemos recordar que, en los lineamientos aprobados por el Partido, advirtieron que no permitirían la concentración de la propiedad en manos de los particulares.
Aunque se anuncie como una reforma, es inevitable ver el permiso para vender autos y viviendas, como un nuevo negocio que culminará en el control de los precios del mercado negro. La estrategia no es nueva. Se ensaya con la liberación gradual de los productos racionados, que ahora se venden a precios informales.
Los precios de los vehículos y viviendas están sobrevalorados en el mercado negro, y depreciados por el Estado. Si el gobierno tolera los precios del mercado informal, aumentarán los impuestos por transmisión de la propiedad. Sin dudas habrá ganancias con las transacciones que, pese a las prohibiciones, se hacían ilegalmente.
Por otra parte, no creo que la nueva modificación legislativa derogue la Ley 989/61, que implementa las “medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional”.
Igualmente, es poco probable que la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado deroguen las normas que le permiten a la administración juzgar hechos supuestamente delictivos, y aplicar procedimientos de confiscación, donde rige el principio de presunción de culpabilidad y la responsabilidad por actos ajenos.
Hablarán de reformas, pero cambios reales habrá muy pocos, por no decir ninguno. No hay garantía mientras el gobierno tenga el derecho a confiscar administrativamente la propiedad privada y los propietarios no tengan la posibilidad de exigir justicia ante los tribunales. Hay demasiado optimismo por los cambios anunciados por el PCC. Libertad y permiso, no son sinónimos .
