LA HABANA, Cuba, diciembre, 173.203.82.38 -Es evidente que, a pesar a los propósitos inmovilistas del régimen, la sociedad cubana se está moviendo hacia los cambios. No obstante, existe un riesgo inmediato que los gobernantes castristas no han tomado en cuenta: la falta de ONGs autónomas.
Desde su ascenso al poder en Cuba, las autoridades revolucionarias consideraron a la sociedad civil existente en el país un peligro para sus propósitos totalitarios, desconociendo el axioma de que la existencia de una sociedad civil vigorosa, es la mejor garantía para la consolidación de las instituciones y el progreso de la sociedad.
Antes del año 1959, en Cuba existía una sociedad civil en ascenso; compuesta por agrupaciones tan disimiles como los gremios obreros, los colegios de profesionales, las instituciones religiosas y fraternales, y otras muchas organizaciones filantrópicas y de ayuda mutua. La mayor parte de ellas emprendían proyectos destinados, en unos casos a mejorar el trabajo de las entidades gubernamentales y en otros, a realizar acciones sociales que el gobierno no podía llevar adelante.
Durante la época pre castrista, las instituciones fraternales y religiosas se habían destacado por promover campañas contra el juego, el alcoholismo, la prostitución y la corrupción administrativa. Esta situación cambió con el advenimiento de la dictadura comunista, a partir de la promulgación de leyes restrictivas a la libertad de asociación, entre ellas la Ley 54, destinadas a limitar el trabajo moralizador que estas instituciones realizaban en la sociedad.
A partir de la década de los 60, las organizaciones fraternales y religiosas cubanas pasaron a convertirse, de organizaciones socialmente activas, en entidades agonizantes.
Sin embargo, eso no fue suficiente. El gobierno de la Isla pretendía la extinción total de estas sociedades, y a tal efecto, organismos como el Registro de Asociaciones y el Órgano de Relaciones, orientados por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC, se encargaron de mantener sobre estas sociedades un régimen de inspecciones sistemáticas, y de imponer a las mismas fuertes restricciones, con el propósito evidente de hacerlas desaparecer.
A partir de la reforma efectuada en 1992 a la Constitución Socialista, para adaptarla a los nuevos tiempos y enfrentar la gravísima crisis socio económica surgida con la desaparición de la Unión Soviética y la pérdida de los abundantes subsidios que mantenían cómodamente a flote a la dictadura cubana, la ideología oficial “atea” se transformó en “laica”, permitiéndose la práctica de las religiones, inclusive a los militantes comunistas. Como resultado muchas personas que hasta el momento no se habían atrevido a sumarse a organizaciones fraternales y religiosas, perdieron el miedo, y la nueva situación provocó que estas instituciones comenzaran a nutrirse de afiliados jóvenes y capacitados.
Las sociedades religiosas asimilaron a estas personas, promoviendo a los más aptos a puestos de dirección. Esas sociedades aprovecharon la oportunidad, iniciando distintos proyectos sociales para inter relacionarse con su entorno social.
Paradójicamente, las organizaciones fraternales han permanecido paralizadas en el tiempo, sus dirigentes carecen de la voluntad y la visión necesarias para reformar las estructuras gubernativas y administrativas de sus respectivas organizaciones y transformarlas en entidades capaces de ejecutar proyectos socialmente útiles, que les permitan reinsertarse y dejar su huella en la sociedad.
Si es real la voluntad de cambio expresada por el gobierno cubano, éste tendrá que liberalizar su Ley de Asociaciones para permitir que surjan nuevas ONGs, verdaderamente autónomas, capaces de complementar el trabajo social que realizan las estructuras gubernamentales y de asumir otros que, obviamente, aquellas no puedan emprender.