LA HABANA, Cuba, julio (173.203.82.38) – El problema de la vivienda en Cuba ocupa el primer lugar entre las insatisfacciones de la población. Las leyes impidieron por más de medio siglo construir o comprar una casa. La escasez del fondo habitacional obliga a miles de familias a que convivan hasta cuatro generaciones en un mismo hogar.
En un país con 11, 2 millones de habitantes, el déficit de viviendas es de 600 mil. Además, el 50 por ciento de las construcciones se encuentran en mal estado, y unos 8, 5 de cada 10 edificios necesitan reparación, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Sin embargo, las viviendas confiscadas por el Estado a cientos de miles de cubanos que han abandonado el país, no están al alcance de quienes viven mal o no tienen donde vivir. Son destinadas a figuras gubernamentales y otros caprichos de la revolución.
Por otra parte, la creación de microbrigadas sociales y albergues para quienes necesitan una vivienda o la perdieron por un derrumbe u otras causas, en poco ayudan al mejoramiento habitacional.
José Alberto Ramírez es uno de los afectados por esta situación. Sobreviviente de un derrumbe parcial en el edificio que habitaba en San José y Campanario, Centro Habana, en1993, fue enviado a un albergue de tránsito en El Chico, Wajay, en la periferia de la ciudad. Allí ha pasado las de Caín. Hacinado junto a cientos de personas en una escuela abandonada, a más de 20 kilómetros del edificio que se derrumbó.
Lleva 18 años esperando por una vivienda. Pero ya perdió las esperanzas. “Parece –comenta- que ya me hicieron ciudadano del Wajay”. Resignado, duerme junto a su esposa e hijos en un aula dividida por un pizarrón. Del otro lado del pizarrón, otra familia sueña con un hogar.
Otros están igual, o peor que José Alberto. Como Héctor y Eduardo, enviados al albergue Las Delicias, en Arroyo Naranjo. En una carta dirigida al periódico Juventud Rebelde, plantearon su frustración. Calificados como casos sociales críticos, con expedientes en el Instituto Municipal de Vivienda, que les asignaría un apartamento cuando Dios quiera. Llevan 11 años construyendo casas para otros y las de ellos no aparecen ni en las misas dominicales.
Convocados por el gobierno para que se incorporaran a la reparación de círculos infantiles, escuelas y otras obras sociales, llegaron a los 60 años en un albergue de tránsito que no conduce a ningún lugar.
Poco podrán hacer. Las llamadas microbrigadas sociales desaparecerán porque no son rentables. Ahora el gobierno autoriza a construir con esfuerzo propio, y liberan la venta de materiales; además, anuncian que se autorizará la compra de viviendas, algo prohibido durante décadas. Nada de esto va a resolver el caos, si no se emprende la construcción masiva de viviendas.
Por eso Héctor y Eduardo, sin tiempo, ni casa ni dinero, tendrán que acostumbrarse a Las Delicias que le ofrece la revolución.
