La política contra la ley

GUANTÁNAMO, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -Me gradué como Licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana en el año 1981. Una estancia de cuatro años por una unidad presupuestada inversionista y por dos empresas, sobraron para hacerme comprender cuál era la situación del asesor jurídico en Cuba.

Catorce años de ejercicio de la abogacía fueron más que suficientes para descubrir los entretelones de la administración de justicia, y cómo se quebranta la Ley cuando lo que interesa es cumplir una orientación política. Aunque ello implique la comisión de no pocas injusticias, con todo el dolor, desarraigo y consecuencias económicas y sociales que provocan en los sancionados y sus familias.

Conozco abogados de probada capacidad que están hartos de bregar ante tanta prepotencia y maldad, porque no todos tienen el temple suficiente para enfrentar las consecuencias que una actitud contestataria les acarrearía, mucho más sabiendo que los burócratas de la Junta Directiva  de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos jamás los apoyarán, aunque su actuación haya estado dirigida a la defensa de la legalidad.

Parece imposible que las miles de cartas que cada año envían los ciudadanos al Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo Popular, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a otras instancias de la administración central del Estado, no hayan indicado a nuestros gobernantes que algo incorrecto está ocurriendo en nuestro sistema de administración de justicia.

Por lo pronto, tal vez estas situaciones referentes al trabajo de los tribunales no tengan solución, pero algunas noticias recientes indican que al menos sí se está tomando conciencia del papel que deben desempeñar los asesores jurídicos y, sobre todo, el cumplimiento del contrato en la economía cubana actual.

El  viernes catorce de septiembre, el periódico Granma publicó dos noticias relacionadas con el papel de las normas jurídicas en la economía y el necesario cumplimiento del contrato económico.

Una de ellas informaba de una reunión de directivos de los ministerios de la Agricultura, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, la cual fue realizada con el objetivo de dar cumplimiento a la política acordada en el sexto congreso del PCC, que tuvo como único proyecto la actualización del modelo económico cubano.

La reunión fue convocada para dar a conocer las medidas que se aplicarán para perfeccionar las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), estructuras que jamás han ofrecido resultados halagüeños, debido al cúmulo de obstáculos que se les impuso desde su misma creación.

Según el periódico Granma, ¨el programa en marcha busca, precisamente, enmendar los errores que lastraban el desempeño de esas unidades desde su creación, sobre todo en materia de organización de sus estructuras, y al propio tiempo dotarlas de una mayor autonomía en su gestión¨.

En esa misma edición del Granma se publicó una entrevista con el Presidente de la Sala de lo Económico, del Tribunal Supremo Popular, Narciso Cobo Roura, quien expuso que se encuentra  en proceso de aprobación un  nuevo Decreto Ley -¡otro más!-que regirá el universo de las relaciones contractuales económicas y comerciales, eliminando la dispersión legislativa que existe en este campo.

Según expresiones de este jurista, existen varias dificultades, entre ellas, el poco valor que todavía algunos directivos le otorgan al contrato, la visión formal que se ha tenido de este instrumento jurídico, y hasta la carencia del documento vinculante entre entidades que mantienen relaciones económicas.

Sin embargo, en la entrevista no se aclara qué piensan hacer cuando alguna empresa ineficiente resulte demandada y tenga que indemnizar en grandes sumas a otras. Mucho menos se dice cómo repercutirá eso en la labor de los directivos que resulten responsables de tales incumplimientos y, sobre todo, cómo se solucionaría una situación de insolvencia reiterada.

Por otra parte, también resulta de interés que se redefina el papel que debe tener un asesor jurídico en una entidad, pues hasta ahora todas las legislaciones dictadas al efecto han terminado siendo letra muerta, y la responsabilidad de los directivos y hasta del propio letrado por causa de incumplimientos de orientaciones o de claridad  y especificaciones en el texto del contrato, han quedado en un limbo jurídico.

El tema del trabajo por cuenta propia constituyó uno de los  aspectos tratados en  el  Primer  Congreso Internacional de Abogacía, celebrado en La Habana, y la prensa  ha estado insistiendo en la necesidad de que las personas que laboran en esta nueva vertiente estén bien asesoradas, precisamente por el valor que ha de tomar el contrato jurídico cuando se fortalezcan las relaciones económicas entre los particulares y las empresas estatales.

Ojalá  que esta vez las aguas vayan por buenos cauces, para bien de la salud del derecho cubano-tan deteriorado por la actuación de los políticos-, y, sobre todo, para bien de una economía que desde hace años se encuentra parapléjica y sin esperanzas cercanas y ciertas de recuperación.