LA HABANA, Cuba, noviembre 2013, www.cubanet.org.– La ley de Ajuste Cubano genera una viva controversia a ambos lados del Estrecho de la Florida. Para el gobierno es la causante del éxodo indiscriminado de los cubanos hacia cualquier parte, y para un sector del exilio constituye la mejor válvula de escape con la que cuenta el régimen para aliviar sus tensiones. Otro sector tanto dentro como fuera de Cuba la considera una medida dirigida a proteger a los cubanos de un doble desamparo: territorial y de Estado.

Curiosamente este último sector es el único que muestra un sentido nacionalista cuando defiende la medida. En efecto, proteger a sus nacionales en cualquier circunstancia expresa una visión y dotación que es propia de los nacionalismos supra ideológicos y que merece ser aplaudido.

Esto con independencia de los abusos de las leyes. Es cierto que los cubanos hemos venido abusando de esta ley en dos direcciones: como perseguidos políticos, lo que no es cierto en una gran cantidad de casos, y como fuente de sustento económico para nuestras familias, lo que explica que muchos cubanos se acojan a la ley para buscar la economía que el régimen cubano no le permite construir. Y los efectos, es claro, han sido debilitadores.

Aquí cabe entonces un doble juicio: sobre las responsabilidades por la situación creada y sobre el de la responsabilidad de los Estados para proteger a sus propios nacionales. Estas dos responsabilidades recaen sobre el gobierno cubano. La pregunta adecuada debería ser en torno a las razones por las que los cubanos abandonan el país.

Y la respuesta apropiada, por parte del gobierno cubano, sería la de aplaudir una ley que protege a sus propios ciudadanos por. No debería parecer que los Estados Unidos protegen más a los cubanos que su propio Estado. Ningún Estado nacionalista debería protestar cuando sus ciudadanos son bien recibidos por otra nación. Mucho más cuando la mitad de los recursos con los que opera provienen de los Estados Unidos.

Por otra parte, las protestas provenientes de los Estados Unidos contra la ley no son consistentes. Me parece que siempre estuvo claro que quien se acoge a la Ley no es necesariamente un perseguido político. En todo caso podría sufrir persecución política por intentar quedarse en los Estados Unidos, si fuera devuelto a la isla, pero muy pocos casos calificaban en el sentido estrictamente político de la persecución de un Estado. Para estos casos existe la categoría de refugiado político que los Estados Unidos otorgan en La Habana.

Mi análisis culmina pues con estas dos ideas: tanto la categoría de refugiado político como la Ley de Ajuste cubano merecen ser discutidas pero por razones ajenas a las que se aducen. El refugio político debe ser discutido para que sea otorgado a quien realmente lo merece. La ley de ajuste cubano debe ser revisada a la luz de los cambios migratorios que ambos países han introducido en relación con los cubanos.

Ese doble ajuste puede facilitar una regulación migratoria que satisfaga los intereses de ambas naciones, la realidad de los lazos familiares a ambos lados del conflicto y la protección de los nacionales cubanos en unas circunstancias económicas y sociales bien difíciles. Pero eliminar la Ley de ajuste cubano sería contraproducente para el control legal del flujo migratorio. A fin de cuentas, para bien o para mal Cuba y los Estados Unidos han compartido y parece seguirán compartiendo un común destino especial. Un hecho que, paradójicamente, reconoce el mismo gobierno cubano cuando implora, casi llora, por la eliminación del embargo económico, que no bloqueo.