LA HABANA, Cuba, abril (173.203.82.38) – La televisión cubana, entre el 26 de febrero y el 4 de abril de este año, trasmitió cinco capítulos de la serie de denuncia Las Razones de Cuba, en la que participaron analistas de Seguridad del Estado y se satanizó el uso de las nuevas tecnologías de la información.
En un intento de “desenmascarar el carácter mercenario de las acciones provocativas de los grupúsculos, a partir de importantes testimonios y revelaciones”, se destapó a seis infiltrados en la oposición y la prensa independiente, a los que gentilmente llamaron agentes encubiertos de Seguridad del Estado.
El diario Granma también hizo su parte. Al día siguiente de cada trasmisión, publicó un reportaje, complementando los programas televisivos. Ambos medios emplearon duros calificativos para referirse a miembros de la sociedad civil que utilizan internet como medio de expresión.
Tanto la televisión como la prensa escrita alegaron la existencia de un conflicto con Estados Unidos para justificar el clima de constante amenaza y guerra en que el gobierno mantiene al pueblo cubano desde hace más de 50 años.
En su empeño, quizás no repararon en las consecuencias, o tal vez sí. Los términos utilizados implican acusaciones graves, entre los que pueden citarse la de mercenarios y terroristas. Ambas actividades, reguladas en la legislación penal, constituyen delitos que atentan contra Seguridad del Estado, y se castigan con penas que oscilan entre 5 y 20 años de cárcel.
Por ejemplo, “mercenario”, el término más utilizado, prevé la sanción de muerte, cuya aplicación fue suspendida el 28 de abril de 2008 por el gobierno cubano, en el VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Raúl Castro, en las conclusiones del evento, aclaró que el acuerdo del Consejo de Estado no representaba la “supresión de la pena capital” de la legislación penal. Reconoció que era una de las armas que tenía el Estado contra “los verdaderos terroristas, mercenarios al servicio del imperio”.
Los medios de comunicación ejercieron, “conforme a los fines de la sociedad socialista”, uno de los derechos reconocidos en la Constitución cubana, libertad de palabra y prensa. Sin embargo, sus directores incurrieron en varias infracciones penales, al permitir en su espacio que se vinculara a disidentes con el mercenarismo y el terrorismo. Nada más alejado de la verdad.
“Nadie será sometido a tratos degradantes”, consiga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este y otros derechos, como el derecho a la honra y a la libertad y seguridad personal, fueron violentados por los medios oficiales, en su empeño de desacreditar a los actores de la sociedad civil cubana. Derechos que incluso están protegidos por las leyes penales cubanas.
Según el Código Penal, difama quien, ante terceras personas, impute a otro una conducta o hecho contrarios al honor, que puedan dañar su reputación o rebajarlo en la opinión pública. También califica como coacción el que, sin razón legítima, amenace, o por cualquier medio impida a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o ejercer sus derechos.
Según la Constitución cubana: “Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes”. Sin embargo, los cubanos que sufrieron tales ataques dentro de Cuba están desprotegidos, y expuestos a la difamación, la amenaza y la ignorancia de las autoridades, que supuestamente deben velar por la institucionalidad y la legalidad socialista. De hecho, son ellas las que incitan a los medios a cometer tales arbitrariedades y, a cambio, les aseguran total impunidad.
