LA HABANA, Cuba, abril, 173.203.82.38 -Si algo no se encuentra en el desarrollo económico, político y social del régimen cubano es la transparencia. Cuando este elemento no existe, se genera la corrupción, la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios del Estado en provecho de sus gestores. En síntesis, el abuso de poder.
Regularmente el gobierno acostumbra hablar sobre la corrupción como un mal ajeno a las altas esferas y que es necesario erradicar. Sin embargo, la verdad es otra, es precisamente la gerontocracia la que permite que esto ocurra, porque de no hacerlo así, no se pudiera mantener en el poder.
Y no es solo la corrupción política la que admite, sino también la policial, la empresarial, la tributaria y la sexual.
Cuba, en el año 2010, alcanzó un índice de percepción de la corrupción de 3.7, según la organización “Transparencia Internacional”. Este índice mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público de un país determinado, en una escala de cero (percepción de muy corrupto), a diez (percepción de ausencia de corrupción). Se basa en diversas encuestas entre expertos y empresas.
Entre las muchas causas que dan lugar a la corrupción, la mayoría se originan en los problemas que acarrea el propio sistema. Son de origen interno, tales como: la falta de valores en la sociedad, la carencia de una conciencia social, el incremento de la mala educación, el desconocimiento de la legalidad, una baja autoestima, debido a la pobreza general en que vive el cubano, y la existencia de paradigmas que distorsionan la realidad y hacen que los niños crezcan con conceptos negativos.
Sin embargo, hay otros elementos que también están vinculados a la forma en que se desarrolla el ser social dentro del ambiente que el gobierno ha formado. Entre ellos está la impunidad ante los actos de corrupción, en particular los que cometen la policía y la Seguridad del Estado.
Para todos es conocido lo difícil que resulta reclutar policías, y en particular en la capital del país. La mayoría son traídos desde las provincias orientales. Su escasez es la razón por la cual se les permite un alto nivel de privilegio durante sus episodios de corrupción. A tal extremo que si uno de estos militares golpea a un civil, el afectado es acusado de atentado y ninguna queja contra oficiales de cualquiera de estas dos especialidades es tramitada por la Fiscalía Militar. Los disidentes que constantemente son apaleados y sometidos a violencia policial, son un vivo ejemplo de ello.
Los llamados agentes del orden son capaces de robar a cualquiera que le incauten artículos materiales, incluso dinero, sin que haya forma humana de reclamarles. Reciben sobornos e incluso (al igual que hacía la policía de Batista, altamente criticada por Fidel Castro) llegan a las cafeterías, beben, comen y no pagan. Saben que tienen un excesivo poder, y aunque sus salarios son altos, comparados con el promedio de los trabajadores del país, no les alcanza.
El “modelo social” de la revolución -si así puede llamarse- lo que hace es transmitir valores negativos, que además se ven incrementados por la concentración y centralización del poder.
Habría que destacar que no hay transparencia en la utilización de los fondos públicos, nadie sabe lo que se hace con el Presupuesto del Estado en cualquiera de los niveles. Además, el llamado internacionalismo proletario atenta contra la poca eficiencia de la administración estatal, entregando recursos humanos y materiales a otros países con el propósito de comprar apoyo para el régimen.
Como colofón, habría que señalar que el control total de los medios de comunicación y la extrema complejidad con la que el sistema calla cualquiera de sus actuaciones negativas, impiden que se expongan a la luz pública los casos de corrupción. Solo se han dado a conocer de alguna forma aquellos que van acompañados de desobediencia o deslealtad por parte de algún funcionario.
En el caso particular de la corrupción uniformada, se puede percibir que está erosionando la poca capacidad institucional del régimen, porque estos militares desprecian los procedimientos legales, y a nivel público, nacional e internacionalmente, socavan la legitimidad que quieren darle al sistema.
