LA HABANA, Cuba, julio (173.203.82.38) – Rupert Murdoch está en problemas. Un tribunal londinense lo ha citado como parte de una investigación en torno a escuchas ilegales realizadas por el personal del semanario News of the World, a políticos, personajes de la realeza, la farándula, entre otros.
Como dueño de un vasto imperio mediático, que incluye a la referida publicación sensacionalista, el magnate de origen australiano y nacionalizado estadounidense en 1985, permanece en el centro de un escándalo donde ya han ocurrido varias detenciones, la renuncia del jefe de Scotland Yard y el cierre del tabloide dominical, editado en varios países y con sede en la capital del Reino Unido. Enterarse del problema, resulta cuando menos gracioso, desde la perspectiva de cualquier cubano que resida en la Isla.
La posibilidad de ser escuchado a través del teléfono por orden de la policía política es desde hace mucho algo que ningún nacional, turista o extranjero radicado en esta isla, puede soslayar. En ocasiones la impunidad llega al extremo de divulgar por televisión, en horario estelar, lo obtenido en las pesquisas furtivas, además de publicarlo en la prensa escrita con grandes titulares.
Tal procedimiento es utilizado en campañas de desprestigio contra disidentes, aunque nadie está a salvo de convertirse en víctima por alguna razón, sin asomo de legalidad y con la aprobación del más alto nivel. Así funciona una maquinaria de terror a prueba de desgastes, que ha conseguido imponerse por encima de cuestionamientos internacionales y denuncias internas que se pierden entre la resignación de la mayoría.
Aquí, los protagonistas de las intromisiones reciben medallas y aplausos. ¿Quién va a cometer la tontería de ir a una estación policial para exponer las pruebas de que su teléfono está pinchado? Lo más seguro en este caso es que el denunciante termine tras las rejas por difamación contra las instituciones del Estado.
Que el diario Granma publique detalles de los problemas que afronta News of the World, pone en claro el cinismo de sus editores que, por cierto, son cómplices de las campañas de descalificaciones que incluyen fotografías, conversaciones telefónicas y fragmentos de diálogos virtuales tomados de las cuentas de correo electrónico. Todo expuesto a la manipulación y tomado de forma oculta con el objetivo de destruir la imagen de cualquier integrante de la sociedad civil, que abogue por la democratización.
Intelectuales, artistas y escritores también corren el riesgo de integrar la lista de personas bajo permanente chequeo.
Al analizar el largo historial de Cuba en estos menesteres, y lo que ocurre por estos días en Gran Bretaña, queda delimitado el lugar de los delincuentes y las víctimas.
Desafortunadamente, quienes en Cuba autorizan y practican los atentados contra la privacidad de miles de ciudadanos, son los dueños de los tribunales y de casi todas las instituciones.