LA HABANA, Cuba, enero (173.203.82.38) – La justicia revolucionaria es extremadamente rigurosa: sanciona como salida ilegal, los planes para secuestrar una embarcación. La ley también lo es: el castigo es más severo para quien mata una vaca, que para quien comete un homicidio. Sin embargo, la intransigencia se deja a un lado cuando se trata de faltas cometidas por cuadros del gobierno.
Raúl Castro, en su última intervención ante la Asamblea Nacional reconoció que “algunos compañeros sin un propósito fraudulento aportan informaciones inexactas de sus subordinados, sin haberlas comprobado y caen en la mentira inconscientemente”. “Esos datos falsos nos pueden conducir a decisiones erradas con mayor o menor repercusión en la nación”, argumentó.
Raúl Castro prefiere la renuncia de los cuadros a cualquier nivel, cuando se sienta incapaz de ejercer su cargo a cabalidad, antes que destituirlos por no cumplir sus orientaciones. Precisamente una nota característica de su gestión, una de las más inestables de los últimos tiempos, es la destitución de ministros, casi todos por incompetencia.
Desde su ascenso al poder, más de 20 dirigentes han sido removidos de sus puestos en el gobierno. Entre ellos que se pueden mencionar Carlos Lage, Felipe Pérez Roque, Rogelio Acevedo, Juan Escalona, Carlos Valenciaga, Marta Lomas Morales, José Ramón Balaguer, Otto Rivero, Ulises Rosales del Toro, Pedro Sáez Montejo, Yadira García Vera, José Luis Sierra Cruz, etc.
Todos fueron sometidos a juicios ante el Buro Político del Partido Comunista, pero ninguno puesto a disposición de los tribunales. El Código Penal sanciona al que, por razón del cargo, esté obligado a dar información y oculte u omita datos, o no los compruebe. La sanción se agrava si se ocasiona perjuicios a la economía nacional. No importa si hubo o no propósito fraudulento o impericia. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.
La llamada generación histórica, los verdaderos y más altos dirigentes, por ley están fuera del alcance de la ley. Ningún órgano de justicia tiene potestad para cuestionar los innumerables y reconocidos errores en la dirección del país, a pesar de los desastrosos resultados de su gestión, que hacen que hoy la economía cubana está al borde del colapso.
Es la propia ley la que los pone fuera del alcance de la justicia. Es lógico, la crearon ellos. Los tribunales necesitan autorización para investigar y proceder contra los miembros del Buro Político, el Presidente, el vice, el secretario de la Asamblea Nacional, los miembros del Consejo de Estado y de Ministros. Así lo dispone la Ley de Procedimiento Penal.
La dirigencia histórica se siente con el derecho que les da su “autoridad moral” para corregir los errores cometidos en estas “cinco décadas de construcción del socialismo en Cuba”. Gozan de ese privilegio gracias a que los tribunales en la isla están subordinados constitucionalmente a un órgano político, el Consejo de Estado.
EL hecho de que la justicia esté subordinada a la política, permite a los dirigentes convertir sus criterios personales en ley, imponer absurdas normas de comportamiento a la ciudadanía, y castigar severamente a quien ose desafiarlos. Sobre todo les asegura la inmunidad política, no sólo a ellos, también a toda su camarilla.
