LA HABANA, Cuba, marzo, 173.203.82.38 -El caso del contratista norteamericano, Alan Gross, juzgado en la Habana este 4 de marzo, por un delito contra la seguridad del estado cubano, motiva recelos e interrogantes. No son poco los que se preguntan si se respetaron sus derechos como acusado o si el tribunal que lo enjuició es independiente.
En este último aspecto, la Constitución cubana se contradice. Consigna que los jueces, “en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley”, pero a la vez los subordina a las decisiones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.
De hecho, el último de estos dos órganos político, constitucionalmente tiene la atribución de interpretar la ley y de impartir instrucciones a la Fiscalía y a los tribunales. El caso del contratista tiene dimensiones políticas y su encarcelamiento se convirtió en un obstáculo para la normalización de las relaciones, deterioradas hace más de 50 años, entre Cuba y Estados Unidos.
La probabilidad de que la política haya predispuesto a los jueces, es alta. Por otra parte, despierta duda la dilación en las investigaciones y la decisión de las autoridades de solicitar a Gross 20 años de cárcel, debido a la supuesta comisión de “actos contra la independencia del estado o la integridad de su territorio”, uno de los preceptos más imprecisos y severos de la legislación penal cubana.
Su detención sin cargos, desde diciembre de 2009, fue excesivamente prolongada. Luego de 14 meses de encierro, la fiscalía presentó la acusación ante el Tribunal de la Habana. Todo indica que a las autoridades se les dificultó el trabajo de investigación.
La Ley de Procedimiento Penal prevé que entre la detención y el ejerció de la acción penal pública, transcurran no más de 100 días. Sin embargo, la propia ley concede al Fiscal General de la República, la facultad de prorrogar este término indefinidamente, a solicitud del jefe del Ministerio del Interior o de la fiscalía.
Tal vez pueda ser cierta la sospecha, de que el enjuiciamiento de Alan Gross tenga la finalidad, de convertirlo en moneda de cambio. Se especula acerca de la posibilidad de que el gobierno cubano, para cumplir su promesa de regresar a sus “cinco héroes”, intente intercambiar al norteamericano por estos.
Raúl Castro, presidente de los Consejo de Estado y de Ministro, fallidamente intentó esta acción, con los 52 disidentes del grupo de los 75 enjuiciados en la Primavera Negra. Es demasiada coincidencia que la defensa de Gross, la abogada cubana Nuris Piñero Sierra, de 61 años, también represente a los cinco agentes de la inteligencia cubana, presos en Estados Unidos.
Todo parece indicar que al subcontratista norteamericano le tocó un tribunal y una defensa parcializada.
Documento relacionado:
Ley N 88 PROTECCION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA ECONOMIA