LA HABANA, Cuba, junio, 173.203.82.38 – Una vez comprendido que Cuba es una isla prisión y que sus cárceles son las celdas de castigo, se impone admitir la existencia de mano de obra barata en una, y la trata de reclusos, bajo condiciones de semiesclavitud, en las otras.
En PROVARI, una de las empresas comercializadoras de Productos Varios, en la provincia de Camagüey, se producen útiles del hogar. Además, hay una línea de confecciones textiles. También se elaboran bloques para levantar paredes, tanques plásticos para agua, cercas de malla. Hay talleres donde se trabaja con madera y en aluminio, así como áreas para ensamblar bicicletas, fogones, y para manufacturar carbón vegetal con destino al turismo internacional y para la exportación.
Estar ubicada a escasos metros de la prisión La Empresita, le permite a PROVARI tener asegurada la mano de obra muy barata, en circunstancias de total indefensión para sus trabajadores. Esta empresa pertenece al Ministerio del Interior.
Los activistas políticos Iván Álvarez Mosquera y Darío García Reyes, presos en La Empresita, citan como ejemplo de explotación laboral al joven recluso Yasiel García Rodríguez, quien fue contratado por PROVARI para hacer cercas de mallas y después de tejer en un mes 187 rollos (de 10 metros de largo por 2 de alto), recibió como salario 196 pesos en moneda nacional (8 dólares).
Sin embargo, cada uno de esos rollos de cerca se vende a la población, en la red estatal de tiendas minoristas, por un precio superior a los 1200 pesos (48 dólares). Entonces la producción mensual del recluso representó casi un cuarto de millón de pesos al Estado.
Recientemente arribaron a PROVARI bicicletas en piezas, de los modelos todoterrenos o montañesas de 20 y 26 pulgadas, para ser ensambladas allí. La norma ya fue establecida: cada 18 bicicletas ensambladas, el reo gana 10 pesos en moneda nacional (menos de 50 centavos de dólar). En su mayoría, las bicicletas serán vendidas en Tiendas Recaudadoras de Divisas, a precios que rondan los 120 dólares. Entonces 18 bicicletas representan para el Estado una recaudación equivalente a unos 50 mil pesos en moneda nacional, o sea unos 2 mil dólares.
El panorama no es menos triste en la prisión Toledo 2, en La Habana, desde donde nos informa el recluso Leopoldo Alonso Perdomo, de 35 años, albañil en una brigada que edifica viviendas para militares. Los apartamentos -de 2 y de 3 dormitorios, baño, cocina y sala-comedor- son contratados a los constructores por 22 000 pesos en moneda nacional. De esa cifra les descuentan 75%, más otro 0.9% de vacaciones, las que no disfrutan muchas veces, ni siquiera en permisos de estímulos para visitar a sus familiares. Al final, ese casi 25% que les queda debe ser dividido entre todos los que participan en la obra, incluyendo técnicos y oficinistas emplantillados, sean reclusos o no.
Recientemente se produjo un gran escándalo que trajo el tema a la prensa mundial al descubrirse que la mundialmente famosa empresa sueca Ikea había utilizado mano de obra de presos cubanos, contratados a través de un convenio con la desaparecida República Democrática Alemana, pero el uso de los presos en Cuba como mano de obra semi esclava es algo mucho más extendido que lo que destapó el escándalo de Ikea.
Es una práctica inhumana que se hace extensiva a las demás prisiones del país. Habría que ver cómo el ministerio de interior se las arreglaría para ocultarla a los ojos de los observadores de Naciones Unidas, si es que por fin algún día el régimen cumple su promesa de recibir a sus relatores en las prisiones cubanas.
