LA HABANA, Cuba, noviembre (173.203.82.38) – El reciente nacimiento de un nuevo miembro de mi familia trajo la felicidad renovada que el acontecimiento significa, pero también otro ejemplo de las muchas violaciones a los derechos ciudadanos y a las leyes vigentes que cotidianamente sufren los cubanos por capricho o conveniencia de las autoridades.
El caso es que en Cuba no existe la categoría de hijo natural. El artículo 37 de la Constitución vigente, al igual que el Código de Familia consagra que “Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio”. La Carta Magna aclara que “Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación”.
Sin embargo, el Estado impone a los padres extranjeros no casados, una serie de requisitos y procedimientos especiales que, independientemente de que el padre esté presente y dispuesto a reconocer su paternidad, obliga a que los nuevos ciudadanos sean inscritos en primera instancia con los apellidos de la madre.
A diferencia de los padres cubanos, cuya sola presencia acredita y consagra jurídicamente la paternidad, los padres extranjeros deben enfrentar otro vía crucis burocrático que los lleva de la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería a la Consultoría Jurídica Internacional (oficina de tramites jurídico-legales realizados en divisa), y de ahí al Registro Civil de la localidad de residencia del nuevo ciudadano quien, mientras estos trámites se verifican, vive como una especie de “hijo natural con padre reconocido”.
Está claro que no es por gusto que los hijos recién nacidos de padres extranjeros son colocados en esa absurda condición civil. La necesaria obtención por parte del angustiado padre del “registro de movimientos migratorios”, así como la acreditación de la filiación, implica el pago de las correspondientes tarifas en moneda dura, que tanto necesita un gobierno que no produce ni deja producir riquezas.
Después de medio siglo de dictadura, Cuba es un país sin cultura de derechos y donde el respeto a la ley es desconocido en primera instancia por el propio Estado, quien desconoce derechos y compromisos por interés de su vocación totalitaria e intereses económicos.
Estas imposiciones arbitrarias, que parecen tan naturales para los acostumbrados cubanos, constituyen para los recién nacidos la primera de las muchas violaciones de sus derechos que los esperan a lo largo de sus vidas, si no salen antes del país. Por suerte para ellos, los recién nacidos no se enteran.
