LA HABANA, Cuba, abril, 173.203.82.38 -“Los pueblos de América tiene derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
“La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
Carta Democrática Interamericana, Artículo 1
Aunque han transcurrido varios días de la celebración de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, los debates y análisis sobre los resultados del conclave continúan. Ahora resultó más evidente que la agrupación ALBA, formada por países que giran en la órbita de la Venezuela de Chávez, tiene como prioridad absoluta la desintegración del Sistema Interamericano, para sustituirlo por otro mecanismo “Latinoamericano- Caribeño”, que excluiría a Estados Unidos y Canadá, las naciones más avanzadas del continente, con el propósito de imponer una agenda populista y liquidar los obstáculos legales- como la Carta Democrática Interamericana- que impiden dar rienda suelta a sus ansias de poder absoluto sobre los pueblos del subcontinente.
En esta cumbre utilizaron la no invitación al gobierno de Cuba y el diferendo entre Argentina y Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas como elementos divisionistas. En el caso de la mayor de las Antillas exigieron su presencia e indicaron que a la próxima cumbre no asistirían si no fuera invitada. Con ello soslayan que en la Tercera Cumbre de las Américas, efectuada en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001, se adoptó una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de cumbres de las Américas. Esta cláusula democrática existe también en los mecanismos regionales y subregionales, y expresan los mismos objetivos.
Asimismo esos conceptos fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, adoptada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001. En el Artículo 3 de la Carta incluso se precisaron con claridad los elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, “…el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Por otra parte en el Artículo 4 se califican como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia “…la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Además entre otras cosas habría que agregar que en el Artículo 10 se establece que “La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores…”, inexistente en Cuba donde se violan los derechos laborales, los salarios son insuficientes para vivir, está prohibida la libre organización de sindicatos independientes y perseguido cualquier intento de huelga o de protesta pacífica.
Ninguno de esos preceptos democráticos son cumplidos en Cuba. Por el contrario, el gobierno ha confirmado recientemente su vocación totalitaria. En la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba, realizada en enero pasado, esta organización autocalificada como vanguardia de la sociedad cubana ratificó el unipartidismo y su apego al marxismo-leninismo, más recientemente, a fines de marzo, el vicepresidente del gobierno Marino Murillo expresó que en Cuba no habrá cambios políticos. Esto ha venido acompañado de campañas masivas de persecución a pacíficos ciudadanos que protestan por la situación imperante en el país y por la total falta de libertad imperante tras 53 años de totalitarismo. Entonces resulta incomprensible que si el gobierno proclama su vocación antidemocrática, se quiera que participe en una reunión donde está firmemente establecido el respeto a los principios democráticos.
Es lógico que los aspirantes a dictadores permanentes que hoy rigen los destinos de los países del ALBA, deseen adulterar las bases de estas cumbres. Pero es incomprensible que dignatarios de otras naciones de América Latina y el Caribe hayan mantenido posiciones vacilantes con respecto a la inclusión del gobierno cubano, cuando para todo el continente está claro que en Cuba no hay ningún atisbo de libertad. Esto prueba la falta de solidez democrática que sigue prevaleciendo en el continente y el peso que todavía tienen las corrientes populistas y demagógicas, incluso en algunos gobiernos que pretenden un papel más preponderante a escala planetaria.
Para los cubanos no es sorpresa esas actitudes vacilantes y oportunistas de algunos países del área. Desde hace muchos años se observa el desdén hacia los sufrimientos de nuestro pueblo. La inmensa mayoría de las embajadas de los países caribeños y latinoamericanos rechazan los contactos con los perseguidos disidentes y hasta algunos pretendidos líderes de la región se han negado a hacer gestiones para evitar la muerte de pacíficos presos políticos. Indudablemente habría sido comprensible que se tratara el tema del embargo de Estados Unidos a Cuba, condenándolo como un mecanismo inútil que sólo ha servido de coartada al totalitarismo para justificar la represión y culparlo del desastre causado por la aplicación de un modelo económico, político y social fracasado. Pero al mismo tiempo de pedir al gobierno norteamericano que termine esa política absurda, censurada por la Iglesia católica estadounidense, deberían exigir con firmeza el respeto a los derechos humanos y el avance de un verdadero proceso democratizador a las autoridades cubanas, y no continuar sordos, ciegos y mudos ante los desmanes totalitarios en la Isla.
No obstante, los esfuerzos de los países del ALBA y otros por obstaculizar una verdadera integración del continente han fracasado. El 15 de mayo entrará en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia y pocos días después el suscrito con Panamá. Con excepción de Ecuador, todos los países de la subregión, ribereños con el Océano Pacifico, tendrán acuerdos de este tipo con Estados Unidos, pasos sumamente importantes para el desarrollo comercial, inversionista y tecnológico de las naciones latinoamericanas implicadas. Los esfuerzos del obstruccionismo y el aislamiento están condenados al fracaso en un mundo cada día más interdependiente.