GUANTANAMO, Cuba, junio, 173.203.82.38 -La primera contradicción que se aprecia en la Constitución cubana se encuentra en el Preámbulo, donde se afirma que los cubanos estamos guiados “por el ideario de José Martí y las ideas político sociales de Marx, Engels y Lenin”. No existiría contradicción si la expresión quedara constreñida a las ideas de Marx y Engels. Me baso en el hecho de que si bien José Martí no fue un marxista -todo lo contrario, formuló serias críticas a dicha concepción filosófica-, sí estaba convencido de que todo gobierno debía constituirse sin exclusión de nadie, de ahí su frase de que la República debía fundarse “con todos y para el bien de todos”.
Las diferencias estriban en la concepción democrática de José Martí y la práctica “socialista” del siglo XX, acción que estuvo totalmente desvinculada de los presupuestos teóricos de Marx y Engels. Lenin no sólo se desentendió de los acuerdos y valoraciones de la mayoría sino que se impuso a ella agrupando a su alrededor las fuerzas más extremistas del partido y sin el consentimiento de la mayoría dio el golpe de estado a Kerensky. A partir de este momento el concepto leninista de construcción del estado socialista-continuado después con las deformaciones que sumaron Josif Stalin, Mao Tse Tung, Kim Il Sun, Josif Broz Tito, los máximos dirigentes cubanos y otros-, suplantó importantes principios de la teoría marxista e introdujo prácticas como la dictadura del proletariado y el culto a la personalidad que a la postre suprimieron la esencia democrática que debe tener un régimen socialista.
Lenin fue el primer deformador de las ideas marxistas y la práctica “socialista” en el siglo XX una negación de la democracia, siendo inadmisible que si éste es un sistema social superior al capitalismo en esa praxis que tomo como referencia los llamados países del socialismo real eliminaran conquistas logradas antes por la clase trabajadora, entre las que se encuentran la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión, el derecho de huelga, etc.
Otra contradicción notoria se halla en el artículo 1, que afirma: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. Pensadores como el Dr. Armando Hart Dávalos han cuestionado si esa república “con todos y para el bien de todos” no es más que una utopía, cuestionamiento que se basa en el desacierto de creer que los “revolucionarios” son los únicos defensores de ideas patrióticas. Otros intelectuales han declarado que mientras no se cumpla con esa proyección martiana no estará consumada la obra de la Revolución, proceso que tuvo una génesis marcadamente democrática y así consta en el llamamiento elaborado por Carlos Manuel de Céspedes al incitar a sus compatriotas y a los esclavos de su dotación a sumarse a la lucha independista, si es que tomamos como base de esta afirmación la declaración reiterada de Fidel Castro y otros dirigentes del proceso “revolucionario” acerca de que la “revolución” cubana es una sola, iniciada por Carlos Manuel de Céspedes y continuada por generaciones de cubanos .
Lo que determina la superioridad de un proceso no es la eliminación de derechos sino el aumento progresivo de éstos, la creación de vías para hacerlos efectivos y, sobre todo, la participación real de todos los ciudadanos en la toma de decisiones. Cualquier gobierno puede declararse partidario de una ideología proclamada superior, pero si en la práctica no logra niveles de vida, de crecimiento económico o de participación democrática congruentes con las expectativas creadas entonces tal superioridad es mera exposición política. El Estado cubano ha sido organizado por y para los revolucionarios, por tanto, es excluyente, discriminatorio y anti martiano. Habría que preguntar, además: ¿Qué es lo revolucionario en estos momentos? ¿Quién es el que determina lo que es o no es revolucionario? Y, también, ¿quién le ha dado esa infalibilidad? ¿Es contrarrevolucionario un ciudadano por el hecho de no coincidir en todo con quienes gobiernan? ¿Cómo nuestro Estado puede ser calificado de democrático si una porción de la población es discriminada por sus ideas políticas y no puede ejercitar derechos reconocidos internacionalmente, ratificados por el gobierno cubano pero no incorporados a nuestra legislación? ¿Cuándo la alta dirección del país estará dispuesta a discutirlo todo, frente a frente, como ha proclamado Raúl Castro y reconociendo que sus interlocutores tienen derecho a participar en la construcción de esa nueva Cuba que todos anhelamos? La historia dirá la última palabra.