LA HABANA, Cuba, septiembre, 173.203.82.38 -En días recientes, el sitio-web oficialista antiterroristas.cu y el periodiquito Granma han publicado una serie de tres artículos del actual Presidente de la Asamblea Nacional cubana, en los cuales, bajo el título genérico de “Un reto al periodismo”, el alto funcionario se refiere a la situación de los espías cubanos presos desde hace catorce años en Estados Unidos.
Lo anterior es una constante en la actividad del doctor Ricardo Alarcón de Quesada. Más que dedicarse a las labores de la especie de parlamento que encabeza (el cual, como se sabe, sesiona apenas dos días al año), el encumbrado personaje suele consagrar la mayor parte de su tiempo y esfuerzos a los avatares del grupo de agentes encubiertos encarcelados.
Tanto es así, que el jefe de la flamante Asamblea suele ser llamado por el pueblo, de manera sarcástica, con el sorprendente título de “ministro de los Cinco”. En este caso específico, el referido Presidente puso su portentoso cerebro en función de esclarecer —como lo indica el nombre de la serie— la intervención que tuvieron los comunicadores en este affaire de espionaje internacional.
El líder congresional expresa su preocupación por los “artículos y comentarios repetidos día y noche” que los informadores miamenses publicaron “entre el 27 de noviembre del 2000 —día en que empezó el juicio— y el 8 de junio del 2001”. O sea: Alarcón se alarma porque los periodistas locales, cumpliendo con su deber, hayan documentado a sus lectores sobre un tema que resultaba de indudable interés para los muchos cubanos residentes en la gran urbe floridana.
Él, lleno de santa indignación, exclama: “Del caso no se habló en los despachos de las agencias cablegráficas; no apareció en las publicaciones impresas ni en la radio y la televisión fuera de la Florida”. El planteamiento es cierto, sólo que el prominente personaje olvidó precisar que esas palabras resultan aplicables también a la prensa oficialista cubana. Y esto pese a que, como es obvio, para quienes residimos en la Isla el caso revestía un interés no menor que para nuestros compatriotas exiliados.
O sea, que mientras estos últimos conocieron todas las incidencias del caso, así como lo declarado por los innumerables testigos que desfilaron ante la corte floridana, los cubanos del Archipiélago éramos mantenidos al margen de la “campaña propagandística de odio y hostilidad sin precedentes”, como diría el propio Alarcón.
Es por esa razón que, con excepción de los hispanos del Sur de la Florida, la opinión pública mundial no tuvo acceso a los detalles del caso. No supo —pues— de la declaración de los agentes del FBI que, tras descifrar las claves secretas con las que la Red Avispa se comunicaba con sus jefes en La Habana, conocieron el contenido pormenorizado de los mensajes que se cruzaron entre éstos y aquélla. Lo anterior incluía las contraseñas acordadas para que las avionetas civiles de Hermanos al Rescate no fuesen derribadas en caso de que algún agente cubano se viese obligado a abordarlas.
Ese sector ampliamente mayoritario de la población del globo tampoco conoció —esto es apenas otro ejemplo más— sobre la declaración de los siete isleños que aceptaron confesar su propia intervención en las actividades de espionaje, a cambio de recibir castigos más benévolos. Porque sí: aunque Alarcón y compañía silencien ese hecho vital, la verdad es que los Cinco eran, en realidad, no menos de doce.
La ofensiva de propaganda y agitación desatada por el régimen cubano sólo comenzó en la última sesión del juicio, cuando los acusados dieron lectura a sus respectivas deposiciones finales. En la redacción de esos textos —a no dudarlo— intervinieron juristas y responsables del Departamento Ideológico del Comité Central del partido único.
Pero después los textos recibieron, con toda seguridad, el visto bueno de la alta jefatura del régimen. Ellos estaban cuidadosamente diseñados para servir de base a la campaña (esa sí “incesante” y “sin precedentes”) desatada por el castrismo y su séquito internacional de incondicionales y tontos útiles, para dar respaldo a la omisa y distorsionada versión castrista de los hechos.
