LA HABANA, Cuba, mayo (173.203.82.38) – Las autoridades cubanas me informaron el viernes 14 del corriente, haberme retenido y confiscado los haberes privados que poseía, desde hace varios años, bajo un riguroso contrato con una filial cubana de la agencia canadiense Transcard, dedicada a realizar operaciones bancarias en el país.
De acuerdo con los términos del contrato acordado entre la referida entidad financiera y yo, esa sucursal se comprometía a garantizar el monto de mi cuenta, incorporar a la misma los intereses anuales acumulados y observar absoluta discreción, tanto en lo referente a los movimientos bancarios realizados por sus clientes como en sus relaciones con estos ante terceros, gubernamentales o no.
Con el transcurso de los años, Transcard dejó encargada de sus operaciones, debido a decisiones entre ella y el Estado cubano, a otra entidad similar cubana, conocida por Fincimex, una empresa gubernamental nacional que, según informes no oficiales, es una sucursal de la mega corporación CIMEX, creada por el gobierno de los hermanos Castro. Esta última seguramente debió asumir los compromisos financieros que tenía su antecesora.
No fue hasta el viernes mencionado que pude presentarme ante los funcionarios de la entidad heredera de Transcard, para reclamar que me actualizaran sobre el estado de mi cuenta y me la liquidaran, con los intereses acumulados durante los ocho años transcurridos, cuyo monto total ascendía a 130 dólares 60 centavos ($130.60).
Fui atendido cortésmente por una empleada, quien me sugirió mantuviera el contrato. Con la misma cortesía decliné su oferta e insistí en que me fuera liquidada la cuenta en esos momentos. Entonces comenzaron las consultas bidireccionales, sin ningún resultado y un rebote casi deportivo entre los funcionarios de Fincimex. Transcurrió una hora y media sin que se aclarar el asunto y, como yo tenía esa misma mañana otro compromiso ineludible que debía cumplimentar, les informé que debía retirarme, aclarándoles que más tarde regresaría para concluir lo iniciado. Así lo hice.
Me recibió en esta ocasión un alto funcionario y me planteó que tenía instrucciones precisas de la fiscalía -provincial o de la República- de retener el saldo de mi cuenta. Ignoraba las razones de tales medidas y me sugirió que, si abrigaba alguna duda al respecto, me dirigiera a ese organismo encargado del cumplimiento de la legalidad en la nación. Reprimiendo mi enojo, lo escuché con toda la parsimonia que me exigía la situación. Al concluir su intervención, le respondí:
-Yo no tengo nada que ver con la fiscalía provincial o de la República. Tampoco con la empresa que Ud. representa, pero como son Uds. los que en Cuba están a cargo de los intereses, compromisos y obligaciones adquiridos con anterioridad por Transcard, estoy precisado a tratar estos temas con ustedes. Quiero dejar constancia que no tengo que, ni quiero, ventilar esta situación financiera con la fiscalía, pues es un asunto que debe ser tratado entre la entidad canadiense y ustedes, y resolverse favorablemente para el cliente. Desconozco quien es el culpable de este enredo. Por mi parte le informo que me comunicaré a la mayor brevedad con la casa matriz de Transcard en Canadá, para exigirle solucione el asunto con ustedes y, en caso contrario, demandaré a Transcard por violar las cláusulas del contrato, así como por daños y perjuicios durante varios años en que no pude disponer de mi dinero, a pesar de que mi esposa vino en dos ocasiones a verlos a ustedes, a petición mía, para operar mi cuenta, con un poder hecho por mí, legalizado en un bufete estatal. Ustedes se negaron a ello, argumentándole que aunque yo estuviera veinte años en prisión mi dinero se respetaría, pero tenía que ser yo en persona quien lo reclamara. Seguí las indicaciones que le transmitieron a mi esposa en el año 2005 y por esa razón estoy hoy aquí, ante usted.
También le exigí al alto funcionario le transmitiera a la persona de la fiscalía que le ofreció las “nuevas orientaciones” cuáles serían mis próximos pasos y le garanticé que, de no resolverse la situación a mi favor, como lo reclaman los términos del contrato y mis derechos, el escándalo será mayúsculo.
Debo señalar que no es esta la primera vez en que se cometen arbitrariedades con algunos de los doce prisioneros de la Primavera Negra que decidimos quedarnos en Cuba, desde que se produjo nuestra excarcelación en febrero de este año. La primera tuvo lugar cuando varios de nosotros fuimos a solicitar se nos extendiera un duplicado del carné de identidad pues el anterior nos fue ocupado por la policía política cuando fuimos detenidos en marzo de 2003. En mi caso surgieron dificultades debido a datos alterados en mi dirección particular, a pesar de que la policía política me arrestó en la misma dirección en la que resido hace más de 14 años; información que ellos dominan perfectamente. Ese error fue cometido por las autoridades carcelarias, y para solucionarlo tuvo que intervenir la alta oficialidad del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), que controlaba mi caso y el de mis hermanos de causa.
La segunda ocurrió -y aún está pendiente de solución- cuando fui a la Sección de Tránsito a renovar mi licencia de conducción. Se había vencido desde el año 2005. Me exigieron realizara sendos exámenes teórico y práctico y, si los aprobaba, entonces se me entregaría el nuevo permiso de conducción. Estuve en prisión entre los años 2003-2011. Es decir, mi permiso de conducción estaba vigente cuando fui privado de mi libertad. Jamás, durante ese período, estuve fuera de una institución penitenciaria, razón por la cual me resultó imposible renovar el documento antes de su vencimiento. No fue mi culpa la no actualización del mismo en tiempo y forma. El derecho y las leyes me asisten.
Me negué a realizar las pruebas, pues el incumplimiento no era imputable a mí sino a las autoridades penitenciarias. Cuando el ex Presidente de Estados Unidos, James Carter, visitó Cuba, nos recibió a los doce prisioneros de la Primavera Negra que nos quedamos en el país en un encuentro privado que tuvo lugar la mañana del 30 de marzo. En el mismo se trataron varios temas de interés.
Aprovechamos la oportunidad para plantearle los problemas que se nos presentaban en la obtención de documentos oficiales y los obstáculos que nos imponían las autoridades cubanas para su obtención. Quedó el Sr. Carter en planteárselo al general Raúl Castro en un contacto que tendrían ambos ese mismo día. Así lo hizo y en la conferencia de prensa que posteriormente ofreció aclaró que se lo comunicó al militar cubano, y éste se comprometió a informarse y solucionarlo.
Al menos yo, todavía espero sentado la solución del caso.
