LA HABANA, Cuba, julio (173.203.82.38) – Dependencias del Instituto Nacional de la Vivienda en las Tunas dieron el pasado 21 de junio un ultimátum para que abandonara su hogar, a la hija y nietos del fallecido Gustavo Valeriano Sánchez Urquiza, un combatiente que participó en las luchas de guerrilla que libro el Ejército Rebelde en el oriente del país.
La Dirección Provincial de la Vivienda de Las Tunas, recibió de la Fiscalía y del Órgano de Investigación Criminal y de Operaciones del Ministerio del Interior, instrucciones de confiscar el inmueble, propiedad de Deysi Graciela Sánchez Rivero, arrendado por su hija, ilegalmente, a un extranjero.
Según la resolución que decretó la pérdida del derecho de propiedad, y ocupantes ilegales a sus moradores, “el inmueble se arrendó por horas, de forma ilegal, un cuarto y un baño, al ciudadano extranjero Andrea Ghiotto para que éste a su vez sostuviera relaciones sexuales con mujeres”.
Según la Sentencia No. 92 de este año del Tribunal de las Tunas, el italiano Andrea Ghiotto formó un equipo de futbol en la provincia, con la anuencia de las autoridades del deporte en el país entre los años 2006 y 2007. Incluso propició la celebración de juegos internacionales y e hizo considerables donaciones de avituallamiento.
Andrea, que es famoso en toda la provincia y tiene mucho dinero, es considerado el rey del fraude fiscal en Italia. Acusado de corrupción en su país, se ganó su libertad con una confesión que implicó a oficiales públicos y 180 empresarios.
En marzo de 2010 realizó su último viaje al territorio tunero, cuando fue detenido y expulsado de la isla, tras reconocer haber sostenido relaciones sexuales con más de 30 jovencitas en viviendas particulares.
Generalmente, las autoridades cubanas procesan a los ciudadanos que arriendan habitaciones a extranjeros sin autorización, por el delito de proxenetismo y trata de persona, y en un proceso administrativo independiente, disponen la confiscación del inmueble, en virtud del Decreto-Ley 232/03 del Consejo de Estado.
Según la disposición legal, “la confiscación podrá disponerse contra los propietarios incluyendo aquellos que alberguen en la vivienda a un tercero que comete el delito, “siempre que la ocasión o las circunstancias evidencien o hagan suponer racionalmente que tiene conocimiento o relación con los hechos”.
“¿Por qué debo responder por actos ajenos? -preguntó Sánchez Rivero-. Los hechos imputados a mi hija y que supuestamente se realizaron en mi casa, eran totalmente desconocidos por mí” -afirmó.
Desde hace más de cuatro años vive con su señora madre, Teresa Esther Rivero Vargas, una anciana de 89 años, diabética, con cáncer de mama y fractura de cadera, quien también colaboró con la guerrilla rebelde.
Según las autoridades, la propietaria conocía el asunto porque había solicitado autorización para arrendar y le fue denegada al estar la vivienda a 75 metros de una escuela. El hecho, en vez de ser apreciado como un intento de cumplir la legalidad, resultó ser una agravante en el caso.
Deysi Graciela, hija del combatiente Sánchez Urquiza, recurrió la Resolución de la Dirección Provincial de la Vivienda de las Tunas, ante el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, que reafirmó la confiscación.
Como última opción y ante la imposibilidad de pedir justicia ante los tribunales, solicitó los oficios del Presidente del Gobierno Provincial; pero éste reconoció no tener poder para resolver su caso.
“Es una pesadilla” -dijo entre lágrimas Deysi Graciela, que aun sigue apelando a las autoridades para defender su derecho de propiedad. “Esto no puede ser por lo que mi padre luchó y estuvo dispuesto a dar su vida. Gracias a Dios no está con nosotros, si estuviera vivo moriría de decepción”.