LA HABANA, Cuba, agosto, 173.203.82.38 –La semana pasada, los medios oficialistas cubanos informaron sobre el juicio celebrado en Holguín a antiguos dirigentes y altos funcionarios del Ministerio de la Industria Básica y la Empresa Cubaníquel involucrados en malos manejos relacionados con el proceso de inversiones en la Planta Pedro Sotto Alba, de Moa.

Fue así que recibimos una información oficial sobre este nuevo escándalo del régimen. El periodiquito Granma y los noticieros nacionales de radio y televisión habían guardado silencio hasta ahora sobre la ola de arrestos realizados meses atrás en la región niquelífera. Si nos enteramos del encarcelamiento de esos personajes fue sólo gracias a la aguerrida prensa independiente cubana, que informa lo que la oficialista no se atreve a hacer mientras no recibe órdenes.

Salvo en lo referente a los nombres, la nota informativa parece copiada de otras anteriores, consagradas a otros escándalos de corrupción suscitados en el país. Esto indica, o bien torpeza y falta de imaginación en los burócratas del Departamento Ideológico del Comité Central partidista encargados de redactarla, o bien el deseo del régimen de alertar sobre lo sucedido, pero sin brindar datos concretos a la ciudadanía.

Hay una pretenciosa alusión al “amplio material probatorio” que, según la nota, hubo en el juicio (curiosamente, el material probatorio, aunque nunca se da a conocer, siempre es “amplio”); pero el hecho cierto es que lo informado al público ha sido algo bien estrecho. En concreto, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Por qué fueron juzgados funcionarios con nivel de viceministros, pero no el encargado de la cartera de la Industria Básica? La nota oficial no ofrece una respuesta.

Algunos corresponsales extranjeros acreditados en Cuba han esbozado posibles explicaciones sobre lo acontecido, pero en puridad se trata de simples especulaciones. Como no hubo acceso al expediente del caso ni al acto del juicio oral, no se cuenta con elementos para brindar una información más completa acerca de los hechos justiciables.

Radica ahí una de las grandes debilidades inherentes al sistema. Si los interesados en el tema hubiesen contado con una cobertura integral, tal vez todos entenderíamos ahora por qué motivos la persecución judicial no alcanzó en este caso el nivel de ministro. Quizás lo mismo es válido para otros affaires recientes, como el del Instituto de Aeronáutica Civil o el del exterminio de veintenas de pacientes en el Hospital Psiquiátrico.

El secretismo inherente al sistema de corte estalinista no sólo impide que los ciudadanos puedan hacerse una idea clara de lo acaecido, sino que también propicia que estos actos de corrupción en gran escala proliferen durante un tiempo considerable, con absoluta impunidad para sus presuntos responsables.

En los países libres, los corruptos saben que la prensa, fiel a su verdadero papel, no elude hacer reportajes investigativos que desenmascaren sus malos manejos (como todos sabemos, en Estados Unidos llegó a provocar la renuncia de un presidente). En Cuba no; aquí, para los impuros, el único peligro proviene de los mismos organismos del inepto estado, que unas veces —como sucedió ahora— reprimen a una banda de malversadores y traficantes de influencias, pero otras prefieren o deciden no hacerlo.

Porque en los regímenes de este tipo no sólo el estado suele tener el monopolio de la función acusadora, sino que el órgano encargado de esa tarea —la Fiscalía— suele responder a criterios políticos más que técnico-jurídicos. En este contexto, las indicaciones de quienes ostentan el poder constituyen el elemento determinante para saber si se procede o no, hasta qué punto y contra quiénes.

A lo anterior debe sumarse la existencia de tribunales que carecen de independencia. Esto último no es sólo una valoración de la realidad, sino que obedece a un precepto constitucional, el cual establece que el Partido Comunista es “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Esto sirve a los jueces como pretexto —si es que alguno necesitan— para obedecer las indicaciones emanadas de quienes mandan.

La nota informativa reconoce que queda abierta la puerta para que los considerables castigos repartidos por la corte holguinera sean reducidos —o aumentados— por el Tribunal Supremo. No en balde se recuerda que la sentencia puede ser recurrida no sólo por los acusados, sino también por la Fiscalía. Pero lo más probable es que no haya cambio alguno a este respecto. Veremos, en este caso, hacia dónde sopla el viento.