BAYAMO, Cuba, 24 de agosto (173.203.82.38) – Lázaro Expósito Canto, Primer Secretario del Partido Comunista en la provincia Santiago de Cuba, sin lugar a dudas el hombre más poderoso del oriente del país, salió temprano de la sede de la organización, a unos metros de Plaza de Marte.
No le preocupan a Lázaro, desde que ocupa el cargo, los catastróficos resultados de la construcción del acueducto en la ciudad de Manzanillo. Millonaria inversión en dólares, que al cabo de cuatro años de operaciones se encuentra totalmente inhabilitado. El antiguo primer comunista en Granma y responsable final de la obra, fue promovido a una provincia más importante y ahora sus obras hacen agua. Hasta que no caiga en desgracia, no saldrá a relucir su mala gestión. Quizás, según algunos, por estar en estos momentos dentro de la familia de los Castro. O tal vez porque no le ha llegado el momento, como a otros que se consideraban intocables…
Pero a quien sí le llegó la hora fue a un grupo de directivos, funcionarios y otros ciudadanos declarados culpables de corrupción administrativa, cometida en el desempeño de sus funciones. Asunto que salió a flote en la sala segunda del Tribunal Provincial Popular de Granma, con sede en la ciudad de Manzanillo, y donde se dictó sentencia.
El texto hecho público en el semanario, La Demajagua, se refiere a cómo los implicados desviaron equipos de aire acondicionado y refrigeradores de su destino. Los equipos debían sustituir a otros más viejos e ineficientes en manos de la población, como parte de un programa que pretendía modernizar el parque de esos equipos caseros y, terminó endeudando a la población con el Estado, al venderle obligatoriamente malas maquinas, y comprar buenos equipos viejos.
Para el desvío de los equipos, se apunta, se falseó información, adulteraron documentos y realizaron otras actividades engañosas con abusos de atribuciones y el contenido propio de los cargos que desempeñaban, con un evidente fin lucrativo en detrimento de los intereses del Estado y su economía. También se incurrió en falsificación de documentos bancarios y de comercio, malversación, receptación y apropiación indebida.
Se omite en la información la cantidad y los nombres de los delincuentes y sus responsabilidades. Señala que las sanciones oscilan entre 5 y 15 años a los acusados por los delitos de malversación y falsificación de documentos.
La justicia llega a unos, sí, pero a otros, todavía.
