LA HABANA, Cuba, diciembre (173.203.82.38) – Las llamas devoraron los 83 cuerpos. Nada pudieron hacer los servicios de emergencia para controlar el incendio a causa del difícil acceso al lugar de los hechos. Eran reclusos quienes murieron calcinados el pasado 8 de diciembre en el penal de San Miguel, ubicado en la capital chilena.
La información agrega el hacinamiento y el retraso del permiso de las autoridades del centro penitenciario para la entrada de los bomberos, entre los elementos que propiciaron el desencadenamiento de la tragedia. A pesar de los esfuerzos, es imposible desembarazarse de las dudas al repasar los pormenores de la noticia.
Leo el artículo de Laura Bécquer en el periódico Granma, medio regularmente utilizado como plataforma para desacreditar a los gobiernos que no comulgan con el régimen cubano. Es posible que esta vez Granma haya accedido a cumplir las normas del periodismo, revelando los pormenores de los hechos, pero no sería saludable fiarse de una política informativa supeditada al poder.
Enterarse de que en el presidio donde ocurrió el siniestro había alrededor de mil 900 internos, cantidad que duplicaba la capacidad de la cárcel, es algo que deja perplejos a todos, no precisamente por la supuesta negligencia, sino porque en Cuba este fenómeno es de larga data.
El hacimiento, la crueldad de los carceleros y las paupérrimas condiciones de habitabilidad en decenas de cárceles, es todavía un asunto pendiente en Cuba. Aquí son otros los incendios que consumen la vida de miles de prisioneros, privados de las condiciones elementales para soportar el encarcelamiento.
A esto hay que añadir las frecuentes violaciones en el proceso de instrucción, así como la falta de una defensa imparcial. No es raro que, incluso en causas de naturaleza política, el abogado defensor sea un ortodoxo militante del partido comunista.
Podemos escoger al azar cualquier prisión o campo de trabajo, de los existentes en Cuba, para advertir decenas de irregularidades con sobrados méritos para emular y quizás superar lo que se expone y denuncia en las páginas de Granma.
Si hipotéticamente el sistema carcelario chileno ha colapsado, hace mucho tiempo que el cubano debería contar con una calificación similar. Basta pensar en el Combinado Provincial de Guantánamo, Kilo 8, Nieves Morejón, Agüica, Taco-Taco, para demostrar la aseveración anterior y saber lo que ocurre tras los muros de las prisiones cubanas.
Antes de 1959, las cárceles en Cuba no pasaban de 10. Hoy, con sólo el doble de población, suman 200, incluyendo los campos de trabajo. La población se ha duplicado y tenemos 20 veces más prisiones. Tal desproporción sirve para desmontar las fantasías de que Cuba es un ejemplo de virtud en el Tercer Mundo.
Granma señala: “A finales de los 90, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), visitó más de 70 cárceles de 21 países latinoamericanos (entre ellos Chile). El resultado de las pesquisas fue negativo. Los expertos consideraron que los sistemas penitenciarios estaban en abierta contradicción con las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento a reclusos”.
Valga señalar que el régimen cubano no acepta los escrutinios internacionales. El mandato del relator de la ONU contra la Tortura Manfred Nowak expiró, sin que el gobierno cubano le concediera la autorización para que visitara algunas de las prisiones del país y pudiera emitiera sus recomendaciones.
Esa descortesía revela un indicio de culpabilidad. Las llamas de las brutalidades cotidianas en el las cárceles cubanas deben mantenerse bajo control.
