LA HABANA, Cuba, noviembre, www.cubanet.org -Acaba de realizarse en Guantánamo el “III Seminario de Paz por la abolición de las bases militares”, convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Movimiento Cubano por la Paz. Como en los encuentros anteriores, se volvió a enjuiciar al gobierno norteamericano por su política mundial y se insistió en la devolución del territorio ocupado por la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, pedimento que comparto como cubano, aunque considero que debe hacerse realidad cuando en Cuba exista un gobierno realmente democrático.
Estoy seguro de que ninguno de los participantes pidió la palabra para solicitar una aclaración o siquiera hablar brevemente sobre lo que constituye un extraordinario absurdo jurídico, me refiero al delito de Salida Ilegal del País, previsto y sancionado en los artículos 216 y 217, del Código Penal, y que dispone la aplicación de sanciones que van desde un año hasta ocho años de privación de libertad.
Este delito fue incorporado a la legislación penal cubana por la Ley 425, del 7 de julio de 1959. Desde entonces, quedó registrado en el artículo 128.1 del Código de Defensa Social, aunque en aquélla fecha la entrada o salida ilegal a Cuba sólo se sancionaba si se comprobaba que el autor actuaba para atacar al gobierno o huir de la acción de la justicia una vez realizado el ataque.
Ya en 1979, con la promulgación de la tenebrosa Ley No.21, que puso en vigor el nuevo Código Penal, el delito de Salida Ilegal del País apareció en el artículo 247 con tintes realmente draconianos, algo que ha persistido hasta hoy.
Posiblemente Cuba sea uno de los pocos países del mundo que sanciona la salida del país cuando no se cumplen los trámites legales. Pero lo que sí constituye un extraordinario absurdo jurídico es que esa figura delictiva se aplique a los cubanos que en busca de libertades civiles y políticas o de un mejor horizonte económico, son atrapados en el intento de llegar a la base naval estadounidense.
Este injusto tratamiento contradice la esencia de la política de reclamación de la base naval norteamericana que ha llevado a cabo el gobierno castrista. No es posible aceptar como normal que un cubano sea sancionado por intentar llegar a dicha base, si la propia Constitución de la República asegura que es parte de nuestro territorio nacional.
Sobre tal absurdo jurídico no habló ni preguntó ninguno de los asistentes al seminario. A ellos no les interesa la suerte corrida por las decenas de miles de cubanos, sancionados por ese engendro jurídico. Para ellos, resulta más importante disfrutar de los mojitos en el lobby del hotel Guantánamo, entre otros placeres, gracias a un evento del que nunca recibiremos ningún beneficio ni sabremos cuánto le cuesta a nuestra maltrecha economía.
