El presente y el futuro mediato no parecen muy alentadores para el gobierno cubano. La inestabilidad sociopolítica y económica en Venezuela tras 14 años de populismo, la muerte del líder aliado y la llegada al poder de ese país por un presidente de probada ineptitud auguran un desenlace dramático para el romance entre Caracas y La Habana. De hecho, los subsidios petroleros han disminuido por causa de la crisis económica de la nación suramericana y también los programas de colaboración de la parte cubana han sufrido notables recortes.
Castro II ha fracasado en el intento de implementar reformas económicas sin modificar en lo más mínimo el sistema político y sin renunciar un ápice del poder y el control. De hecho, ha fortalecido a la clase militar dominante al otorgarle poderes económicos extraordinarios y al colocar a sus miembros de mayor rango y probada fidelidad al frente de todos los sectores estratégicos de desarrollo.
La gran carencia del régimen, no obstante, es el capital que financie una dictadura sustentable, de manera que el as bajo la manga del General-Presidente es atraer nuevamente las inversiones extranjeras. De ahí la ZEDM y las nuevas legislaciones para “legalizar” los bolsones de capitalismo en un sistema que se declara a sí mismo marxista, para hacer sentir a los inversionistas incautos un espejismo de seguridad jurídica.
Legalidad y transparencia
Pero, ¿qué garantías reales podrían tener las inversiones en un país en el que no solo se han incautado repetidas veces propiedades y finanzas sino que, además, las leyes las dicta y las deroga el gobierno, que es a la vez el inversor asociado, juez y parte del negocio? Así, lo que es permitido hoy pudiera ser suprimido en el momento en que el gobierno lo decida en dependencia de sus propios intereses y de las coyunturas internacionales que le sean o no propicias.
Y si de legalidad y transparencia se trata, los posibles inversores deberán considerar que negociar actualmente en Cuba implica también la violación de importantes legislaciones internacionales que condenan las condiciones de trabajo de los empleados cubanos en esas empresas.
Por otra parte, en un sistema autoritario y en ausencia de derechos para los propios cubanos, las inversiones no solo constituyen un riesgo financiero importante y un compromiso moral con una dictadura militar, sino que reflejan un desprecio profundo hacia los cubanos y a las legítimas aspiraciones de cambios de amplios sectores de cubanos de todas las orillas que permanecen excluidas, tanto de la participación como de los beneficios económicos de dichas inversiones, pese a que el capital de los emigrados es el que sostiene a las familias cubanas y produce ingresos permanentes en las arcas del gobierno, un factor que deberían tener en cuenta los empresarios extranjeros que aspiren a una larga y próspera permanencia en la Isla.
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