LA HABANA, Cuba, julio, 173.203.82.38 -El acaparamiento de artículos de primera necesidad es comidilla diaria entre los cubanos. Las personas llegan a un establecimiento comercial y adquieren muchos más artículos que los que necesitan, sobre todo si presumen que ese bien pueda escasear en el futuro. Lo mismo da que se trate de una frazada de piso, un jabón de lavar, un rollo de papel sanitario o un simple cepillo para limpiarse los dientes.
La prensa oficialista la ha emprendido en duros términos contra los acaparadores, a los que acusa de comprar mercancías en grandes cantidades para revenderlas a un precio superior, y así especular con las necesidades de la población. Estos ataques van dirigidos contra los vendedores ilegales que desafían a policías e inspectores en cualquier esquina de nuestras ciudades, pero también contra no pocos trabajadores por cuenta propia autorizados a ejercer la actividad comercial.
Tales diatribas pretenden que las causas del acaparamiento recaigan sobre la ambición y el egoísmo de personas inescrupulosas. Sin embargo, ignoran que la verdadera génesis de ese fenómeno es el desajuste en la relación oferta-demanda, cuando la primera no cubre las expectativas de la segunda; lo cual, además, genera la desconfianza entre los consumidores. Porque, por ejemplo, resulta inevitable que cuando aparezcan nuevamente las frazadas de piso en los establecimientos comerciales de la isla, muchas personas carguen con una cantidad apreciable de ellas. Solo así podrán sortear el temor a que este producto desaparezca otra vez del mercado, y deban de acudir a los más inimaginables sustitutos para mantener la higiene en sus hogares.
A propósito, de acuerdo con datos suministrados por el periódico Tribuna de La Habana (edición del domingo 10 de junio), las fábricas de frazadas de piso instaladas en el país son capaces de producir 7,3 millones de unidades al año, y la demanda nacional se calcula en el entorno de las 20 millones de unidades. Entonces no es difícil imaginar que el empecinamiento en la política de sustitución de importaciones, o el lamentable olvido de algún burócrata de incluir las frazadas en el plan de compras en el exterior, puedan haber sido los culpables de la alarmante escasez que hemos padecido de ese producto.
Con respecto a los trabajadores por cuenta propia que adquieren artículos en establecimientos estatales, y después los revenden a precios superiores, se precisan dos consideraciones. En primer término, el hecho de no existir un mercado mayorista para los cuentapropistas los obliga a comprar en los mismos establecimientos que la población, creándose de esa forma una presión adicional sobre una oferta generalmente deprimida.
Por otra parte, no hay que olvidar que los trabajadores por cuenta propia comercializan sus bienes y servicios de acuerdo con la relación oferta-demanda. Aquellos que se desenvuelven en una actividad semejante a la quincallería, venden en ocasiones los mismos productos que el comercio estatal, pero siempre a precios superiores, que son, a la postre, los que indica el mercado. Tomemos en cuenta también los altos impuestos que afrontan los cuentapropistas, así como su convivencia junto a inspectores y controladores de todo tipo.
Y son estos cuentapropistas los que más críticas reciben últimamente, acusados de acaparar y extorsionar a los consumidores. Oficialistas de línea dura proponen que estos trabajadores por cuenta propia sean multados, sus negocios confiscados, y hasta que se les obligue a realizar trabajos comunitarios, como la limpieza de parques y calles.
Mas, las evidencias indican que cuando aumenta la oferta desaparecen el acaparamiento y la especulación. La búsqueda de chivos expiatorios solo sirve para encubrir la verdadera causa del problema.