“Nadie queda desamparado”

Una denuncia de las arbitrariedades cometidas contra una familia cubana debido a sus creencias religiosas

LA HABANA, Cuba, junio, 173.203.82.38 -Durante el último medio siglo, el pueblo cubano ha aprendido que régimen comunista es sinónimo de arbitrariedad, coacción, despojo y atropello. A los abusos de carácter nacional se unen los que son fruto de la iniciativa de los caciques locales que, amparados en su omnipotencia de señores feudales, a menudo idean nuevos modos de atosigar a sus súbditos.

Ejemplo de ello son las reacciones de los castristas ante el tema religioso. Quedaron atrás los tiempos en que el Buró Político y el Gobierno trazaban desde lo alto las formas y modos en que se perseguía de modo sistemático a los cubanos que profesaban creencias de ese tipo, pero sigue habiendo casos en que, en puntos específicos del país, se adoptan iniciativas enfiladas contra creyentes.

Meses atrás, en una reunión partidista de alto nivel, el propio presidente Raúl Castro mencionó y criticó un caso de esa índole ocurrido en Camagüey. Al parecer, el municipio espirituano de Jatibonico es también un territorio en el que no escasean los actos discriminatorios de esa naturaleza.

En abril de 2011, la Agencia de prensa independiente Yayabo Press informó del atropello sufrido por los pentecostales de esta última localidad, quienes fueron desalojados del templo que, previa la correspondiente autorización, habían edificado en terrenos de una cooperativa agropecuaria. El local de oración fue demolido por los oficialistas, quienes se apropiaron de los materiales con que había sido levantado.

El matrimonio de los jatiboniquenses Pedro Luis Hernández y Orlidia Barceló Pérez ha experimentado también en carne propia la discriminación por motivos religiosos, de la que no los ha salvado ni siquiera la condición de “mártir internacionalista” del padre de ella, Orestes Barceló Guerra.

En 1996, “los factores” del instituto preuniversitario en el que impartía clases el marido —quien es licenciado en Historia y Ciencias Sociales— decidieron expulsarlo por sus creencias no materialistas; pasó a una escuelita rural, con un salario muy inferior. Para mantener sus ingresos tuvo que realizar faenas agrícolas. No hubo distinción alguna con la mujer, pues también ella fue despedida de su puesto como bibliotecaria, especialidad en la cual es graduada.

El ingreso de los hijos al sistema escolar significó nuevas dificultades para la pareja. Para no extenderme demasiado, me referiré sólo a lo sufrido por el mayorcito, pues el menor se limita a seguir sus pasos. El infante sufría abusos físicos a manos de su maestra. Al protestar sus progenitores, la directora del colegio envió a todos al Centro de Diagnóstico y Orientación (CDO) y planteó a los padres que aceptasen el traslado del niño a una escuela especializada.

La irresponsabilidad de los “pedagogos” castristas (de algún modo hay que llamarlos) condujo al chico a un aula atiborrada de menores con el síndrome de Down. No tardaron en aparecer secuelas fisiológicas, como caída del cabello, estados de miedo, dolores fuertes e incontinencia fecal y urinaria. Menudearon los golpes, propinados por la “maestra” y por compañeritos con trastornos de conducta.

Las demandas familiares (que el niño sea trasladado a una escuela sin esas características) han sido ignoradas. Al parecer, las autoridades escolares se consideran en el deber de defender el diagnóstico dado años atrás por el CDO, donde el puesto de especialista en Psicología, al momento de emitir el dictamen, era ocupado por una simple maestra habilitada (a quien en los tiempos que corren supongo que podríamos llamar “psicóloga emergente”).

Desde luego, las violaciones no se han limitado a lo anterior, pues —además— la gran mayoría de las pruebas psicométricas se han hecho sin la presencia de los padres, a quienes se les ha negado el acceso al expediente y se les mintió con respecto al diagnóstico inicial. A ello se suman alteraciones en documentos y otras anomalías.

Pedro Luis y Orlidia tienen en su poder certificados expedidos por licenciados en Psicología. En ellos consta que su hijo posee una “inteligencia normal promedio”, pero todo indica que las autoridades escolares de Jatibonico quieren imponerle la oligofrenia por decreto al niño. En virtud del retraso mental que le atribuyen al menor, le prohibieron a éste cursar la Secundaria Básica.

Los atribulados progenitores están desesperados. Oran al Todopoderoso, pero no han omitido realizar las gestiones que de ellos dependen. No obstante, sus peticiones terrenales no han sido atendidas: diversos funcionarios, o bien se han negado a recibirlos, o bien no han hecho nada.

El matrimonio Hernández-Barceló ha pensado en sacar a su prole de la escuela diferenciada, pero, de hacerlo, los amenazan con procesarlos por “actos contra el normal desarrollo del menor”…

Quiera Dios que la publicación de este trabajo en Cubanet les sirva de alguna ayuda a ellos y a sus agobiados chiquillos. En fin de cuentas, recordemos que, según la propaganda castrista, “la Revolución no deja a nadie desamparado”.

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