¿¡Justicia!?

Flagrantes injusticias cometidas por el aparato judicial cubanos contra dos abogados que resultaban “incómodos” por su profesionalidad

LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -Veamos los problemas confrontados con la carta certificada número 01478593500, impuesta en Guantánamo el 20 de julio. No ha sido entregada ni devuelta en más de tres meses, no obstante las gestiones hechas y a pesar de no conocerse de alguna catástrofe que pudiera explicar su desaparición.

Aclaro que, como el remitente fue mi colega Roberto de Jesús Quiñones Haces y el destinatario era yo mismo, me inclino a situar la responsabilidad central del extravío no en el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, sino en el del Interior. Por aquello de piensa mal y acertarás, opinaré, mientras no me demuestren lo contrario, que en este asunto está la oscura mano de la policía política castrista.

Supongo que el contenido de la misiva no podría ser calificado de subversivo, pero ya se sabe que la Seguridad del Estado tiene ideas curiosas al respecto. Se trataba de algunos papeles referentes a la patraña judicial perpetrada en Guantánamo contra el referido jurista, poeta y periodista independiente. En cualquier caso, recibí por otra vía una nueva copia de esa documentación, de modo que puedo escribir sobre el particular.

El affaire de Quiñones —al igual que el de Lázaro Giraldo Godínez en Pinar del Río— provoca asombro, aturdimiento y repugnancia. Ambos eran —a no dudarlo— los abogados más competentes y solicitados en sus respectivas provincias. Pero la lealtad con que representaban a sus clientes no era bien vista por los jerarcas locales del sector jurídico; esto bastó para convertirlos en objetivos a golpear.

Del elevado desempeño profesional del primero puedo dar fe, pues por las fechas en que él ejercía, yo trabajaba en el Bufete Especializado en Recursos de Casación, y tuve que sostener ante el Tribunal Supremo miles de promociones de ese tipo enviadas por letrados de todo el país. Entre ellas descollaban, por su depurada técnica jurídica, las del colega guantanamero.

A Roberto de Jesús le urdieron una causa penal cuyos costurones son evidentes para cualquiera que intente analizar su caso con un mínimo de objetividad, pese a lo cual su solicitud de revisión fue rechazada. Aquí entra en funciones la papelería que la Seguridad del Estado intentó impedir que llegara a mis manos. Veamos algunos botones de muestra.

La instrucción, en lugar de los 60 días que marca la Ley, tardó 180. Las imputaciones ventiladas en el juicio no tuvieron nada que ver con los cargos por los que se le instruyó. Además, acusaron a Quiñones de unos hechos y lo sancionaron por otros distintos. Se sustrajeron del sumario dos declaraciones suyas; esto fue denunciado al Tribunal, que no hizo nada al respecto.

En vísperas del juicio, la fiscal actuante citó a todos los testigos de cargo para indicarles cómo debían deponer. Entre éstos había personas que habían dispuesto ilegalmente de viviendas, pero a las que no acusó a cambio de que declararan contra el jurista imputado. No fueron oídas las personas propuestas por éste.

Dos de las principales testigos de cargo mantenían relaciones con sendos oficiales de la policía política. Otro de éstos intentó coaccionar al ciudadano Dennis Coello, desempolvando un viejo expediente en que se le acusaba de hurto y ofreciéndole rearchivarlo a cambio de que depusiese falsamente contra Quiñones.

La causa fue sobreseída con respecto a otro jurista, contra el que sí existían pruebas; ¡oh casualidad!, se trataba del hermano de una fiscal provincial. Fue Roberto de Jesús el único implicado a quien se le mantuvo en prisión provisional. Lo sancionaron como supuesto autor de una falsificación de documento público, pese a haberse reconocido que él no tenía acceso al cuño indispensable para la confección del escrito espurio.

Como mi propósito no es abrumar al lector, basta con los graves vicios señalados. Conviene aclarar que la persecución no cesó ahí. Tras permanecer injustamente preso durante más de cuatro años, Quiñones, para poder volver a ejercer la abogacía, solicitó su reingreso en los bufetes colectivos. La solicitud fue denegada, pero lo asombroso —tratándose de juristas— es que, para justificar la negativa, le aplicaron con carácter retroactivo un acuerdo dictado después de formular él su petición.

Una frase popular reza: A veces, lo que sucede conviene. Armados con esa filosofía, podemos congratularnos de que los jerarcas castristas hayan rechazado el pedido de nuestro colega. Gracias a su arbitrariedad, todos los que seguimos las publicaciones de Cubanet tenemos la oportunidad de leer los enjundiosos artículos de Roberto de Jesús.

Pero no puedo dejar de pensar en que si tanto atropello lo sufrió un abogado a manos de sus colegas graduados en derecho, ¿qué podrán esperar las decenas de miles de ciudadanos comunes que han sido marcados por los agentes represivos del régimen para poblar las innumerables cárceles del castrismo!

Acerca del Autor

René Gómez Manzano

René Gómez Manzano

(La Habana, 1943). Graduado en Derecho (Moscú y La Habana). Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la Corriente Agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia (1997-2000 y 2005-2007). Dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación HispanoCubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA), así como el Premio Ludovic Trarieux. Actualmente es miembro de la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano

[fbcomments]