El presidente venezolano declaró la “guerra contra la corrupción” con una “ley habilitante”, un polémico mecanismo utilizado varias veces por su antecesor.
El habitual clima político crispado venezolano se alimenta estos días de acusaciones de corrupción entre Gobierno y oposición, un tema que Nicolás Maduro puso en el centro de la agenda política semanas atrás y que llevó a denuncias entre los bandos políticos en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) e incluso ante la Fiscalía.
El último paso dentro de esta campaña ha sido el anuncio de Maduro de que pedirá una “ley habilitante”, una figura recogida en la Constitución venezolana para otorgar al presidente capacidad de legislar sin control parlamentario.
Esa ley debe ser aprobada en el Parlamento con una mayoría cualificada de tres quintos y está prevista para situaciones de urgencia legislativa.
“Se le da al presidente, en razón de la celeridad que requiere para enfrentar un problema, la posibilidad de legislar por decreto porque los mecanismos parlamentarios son muy lentos”, explicó a Efe el abogado constitucionalista Gustavo Tarre.
La parte complicada para Maduro es que no cuenta con los tres quintos de los diputados requeridos, ya que el chavismo tiene 98 de los 99 diputados necesarios para completar esa mayoría.
Por ello, el líder opositor Henrique Capriles afirmó el pasado fin de semana que la única forma de que el mandatario consiguiera esos poderes especiales sería “vía corrupción” para que “alguien vaya a saltar la talanquera”, como se le dice a Venezuela cambiar de bando político.
El procedimiento de la ley habilitante consiste en que “el presidente de la República o la AN por su propia iniciativa presentan un proyecto que es discutido, como se discute la ley ordinaria, y luego es una definición de para qué y por cuánto tiempo se habilita al presidente de la República para legislar por decreto”, explicó Tarre.
Chávez (1999-2013) solicitó y le fue concedida hasta en cuatro ocasiones esta posibilidad que aprovechó para dictar 152 leyes, la última en 2010 durante 18 meses en los que solo 2 de las 35 leyes que aprobó estaban vinculadas a la emergencia por las lluvias que argumentó al solicitarla.
“Chávez la desvirtuó (este tipo de ley) totalmente porque pedía las habilitaciones y la Asamblea se las daba con un ámbito extremadamente grande y por un tiempo demasiado largo”, sostuvo Tarre, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante 27 años.
El constitucionalista Tulio Álvarez comentó que la figura de la ley habilitante es un “recurso manoseado” en Venezuela que debería de ser “bien cuidado” ya que responde a situaciones extraordinarias o de emergencia y, dijo, “termina siendo un recurso que se utiliza con otros fines”.
Defendió que “el mismo esfuerzo” que la AN hace para dictar la ley habilitante “tendría que hacerlo para modificar la ley anticorrupción que ya existe”.
“De una vez debería dictar las leyes que hagan falta. Sin necesidad de habilitar. La misma AN, si tiene voluntad para dictar una habilitante, debería dictar las leyes que hicieran falta”, apuntó.
Para Álvarez “el problema” no es la falta de leyes, sino la “desaplicación” de esas leyes que ya existen, como la Ley Anticorrupción.
“Instituciones y reglas” son, según el economista José Manuel Puente, lo que necesita Venezuela para combatir la corrupción.
“Si quieres atacar la corrupción en su origen lo que necesitas son de instituciones, de reglas y manejar la política presupuestaria dentro del marco fiscal”, comentó a Efe.
El profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Administración (IESA) puso como ejemplo los ingresos y gastos de diferentes fondos de desarrollo o de inversión venezolanos “cuasi fiscales”, paralelos al presupuesto nacional y por los que el Ejecutivo no tiene la obligación de dar ningún tipo de explicación.
- Infobae
